El agitador ultra Vito Quiles se queda sin el letrado que había ejercido como cara visible de su defensa en un momento de máxima presión judicial. Juango Ospina abandona el ejercicio activo de la abogacía para asumir el cargo de embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN, con traslado a Bruselas previsto para el próximo 5 de octubre.
La salida de Ospina coincide con la acumulación de siete procedimientos penales en distintos juzgados. Entre ellos figuran causas por calumnias, revelación de secretos, acoso, coacciones, delitos de odio y dos posibles estafas. Uno de los casos ya está encaminado hacia el juicio oral y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de imponerle una orden de alejamiento.
Una defensa que nunca llegó a personarse
Ospina había aparecido públicamente como abogado de Quiles en varios de sus problemas judiciales, aunque nunca llegó a personarse en la causa por calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción. El letrado anunció un recurso contra el auto de procesamiento e incluso habló de buscar un acuerdo para evitar el juicio, pero el escrito nunca se presentó y la resolución terminó adquiriendo firmeza.
El procedimiento impulsado por Rubén Sánchez es uno de los más avanzados. La jueza considera que existen "claros indicios" de que Quiles actuó con el propósito de "vejar, ofender y vilipendiar" al dirigente de FACUA mediante publicaciones en las que le atribuyó delitos como pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte. La acusación particular solicita nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, una indemnización de 60.000 euros y su inhabilitación para desempeñar actividades relacionadas con el periodismo durante el tiempo de la condena. EDATV aparece en el procedimiento como posible responsable civil subsidiario.
Órdenes de alejamiento y otras investigaciones
La causa promovida por Sarah Santaolalla ha vuelto a abrirse después de que la Audiencia Provincial corrigiera el archivo acordado por el juzgado. Los magistrados aprecian "indicios criminales que deben ser investigados" por posibles coacciones y han prohibido a Quiles acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la analista política o contactar con ella fuera del ámbito profesional mientras se practican las declaraciones pendientes.
A ese procedimiento se une la investigación por la denuncia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia y exministra socialista. Quiles difundió la calle y fotografías de su domicilio después del apagón de abril de 2025 y llamó a organizar protestas ante la vivienda. La querella le atribuye posibles delitos de revelación de secretos y acoso, mientras su defensa sostiene que los datos ya eran públicos y reclama el archivo.
Quiles también está investigado por las acusaciones que difundió contra un funcionario del Ministerio de Trabajo. Lo presentó como un asesor de Yolanda Díaz que había sido condenado por agresión sexual, había salido de prisión gracias a la entonces vicepresidenta y posteriormente había obtenido un puesto en el Ministerio. El funcionario sostiene que esas afirmaciones son falsas y le reclama 50.000 euros por los daños personales y profesionales ocasionados.
Un juicio oral y dos posibles estafas
La situación procesal más comprometida se encuentra en el caso de una mujer con una discapacidad intelectual del 75% a la que Quiles entrevistó durante una protesta frente a la sede nacional del Partido Popular. La Audiencia Provincial de Madrid deberá juzgar al agitador ultra y a Javier Negre, propietario de EDATV, por la difusión posterior de aquellas imágenes. La Fiscalía sostiene que Quiles actuó con "ánimo de denigrar" a la afectada por su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía. El Ministerio Público pide dos años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer el periodismo por delitos contra la dignidad y la integridad moral. Para Negre solicita un año y medio de cárcel por permitir la emisión y difusión del contenido.
Renfe mantiene abierto otro frente por un presunto delito de estafa. La empresa pública documentó al menos 17 viajes en los que Quiles habría comprado billetes para cubrir únicamente una parte del trayecto, aunque permanecía en el tren hasta Madrid. También le acusa de ocupar asientos de categoría superior y utilizar salas VIP sin autorización. El perjuicio económico provisional asciende a 850 euros.
El séptimo procedimiento se encuentra todavía pendiente de que un juzgado de Sevilla decida si admite la denuncia presentada por la Fiscalía por una posible estafa en la recaudación de donaciones. La investigación nació de una denuncia de FACUA sobre las cantidades solicitadas para entregar juguetes a niños afectados por la dana de Valencia, financiar becas para jóvenes y sostener el proyecto digital de Quiles. La Fiscalía considera que existen datos "inequívocos" sobre actuaciones que podrían ser delictivas y pide investigar cuánto dinero se recaudó y cuál fue su destino. Las aportaciones para fines sociales y las destinadas a financiar la actividad de Quiles terminaban, según la denuncia, en una misma cuenta bancaria personal y sin una identificación clara de cada donación. El juzgado debe resolver ahora si abre formalmente la causa.
A la pérdida de su abogado se suma la retirada definitiva de la acreditación de prensa de Quiles en el Congreso, acordada esta misma semana después de más de una decena de sanciones. La Cámara considera acreditada una conducta reiterada de interrupciones, grabaciones en lugares prohibidos y actuaciones que dificultaban el trabajo de diputados y periodistas. Con siete frentes judiciales abiertos y sin el letrado que había liderado su defensa, el agitador ultra afronta un panorama procesal cada vez más complejo.