El propietario de la empresa Urbagestión ha denunciado una campaña de presión tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años. Asegura haber recibido un paquete con cucarachas vivas y múltiples amenazas que le impiden trabajar con normalidad. La empresa niega ser un fondo buitre y sostiene que intentó negociar sin éxito, mientras el Sindicato de Inquilinas rechaza retractarse de sus acusaciones.
Amenazas y presión
El propietario de Urbagestión ha explicado que, desde la ejecución del desahucio, su empresa ha recibido un volumen extraordinario de llamadas y correos electrónicos que dificultan su actividad habitual. Además, denuncia haber recibido un paquete con cucarachas vivas, un hecho que ya ha puesto en conocimiento de la policía. Según su versión, la presión ha alcanzado tal punto que teme por su integridad personal y evita aparecer públicamente.
La empresa también ha visto comprometidos sus números de teléfono y direcciones, lo que ha provocado que sus empleados no puedan desempeñar su trabajo con normalidad. El propietario ha señalado que estas acciones de presión han sido dirigidas contra la empresa y sus trabajadores.
Versiones enfrentadas
Urbagestión sostiene que no es un fondo inmobiliario, sino una pequeña empresa de consultoría y gestión de operaciones inmobiliarias. Según su relato, la sociedad adquirió la vivienda como parte de la remuneración de una operación relacionada con la compra del edificio. La empresa rechaza ser calificada como "fondo buitre".
Por otro lado, la defensa de Maricarmen afirma que se realizaron varios intentos para encontrar una solución y que Urbagestión rechazó las alternativas planteadas. La propiedad, en cambio, asegura que existió voluntad de negociar, pero que la intervención del Sindicato de Inquilinas dificultó el contacto directo con la vecina. El responsable de Urbagestión afirma que fue "imposible" contactar con ella para negociar, lo que finalmente derivó en el desahucio.
Acciones legales
La empresa ha emprendido acciones legales contra el Sindicato de Inquilinas por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor. Como compensación, exige que el sindicato pida perdón por escrito y abone 10.000 euros por daños y perjuicios.
Fuentes del sindicato han explicado que ambas partes acudieron a un acto de conciliación, pero no hubo acuerdo. "No hubo acuerdo porque no nos vamos a retractar de qué son unos buitres, como se ha demostrado con el desahucio", han reivindicado.
El caso continúa generando tensión entre las partes, sin que por el momento se haya alcanzado una solución satisfactoria para ninguna de ellas.