El Colectivo Autistici/Inventati (A/I), un proveedor de infraestructura digital centrada en la privacidad, fue incluido por la administración Trump en la lista de Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas el 26 de agosto de 2026. La designación, que califica al colectivo como terrorista, desencadenó el cierre de todos sus servicios el 6 de septiembre, dejando a miles de activistas sin acceso a herramientas seguras para la organización en línea.
Consecuencias inmediatas de la designación
Apenas 48 horas después del anuncio, el titular estadounidense del dominio autistici.org cerró el sitio web, obligando al colectivo a migrar a un dominio alternativo. La Banca Etica italiana suspendió la cuenta bancaria que el colectivo usaba para recibir donaciones, citando riesgos de sanciones. Sin fondos ni forma de proteger a sus usuarios, A/I anunció el cierre de todas sus operaciones.
El impacto se extendió a las aproximadamente 10.000 webs alojadas en la plataforma NoBlogs, que quedaron inactivas el 20 de septiembre. Estas páginas eran utilizadas por grupos radicales para compartir desde fanzines hasta comunicados tácticos de acción directa.
Reacciones y contexto
En un comunicado, el Colectivo A/I explicó: "La posibilidad de que nuestro trabajo pueda causar consecuencias legales y financieras a quienes están cerca de nosotros —o incluso solo tienen algo que ver con nosotros— no nos deja otra opción". La designación se enmarca en la directiva NSPM-7 de Trump, que busca reprimir la organización anarquista y otros movimientos de izquierda.
Grupos de la sociedad civil, como la Charity & Security Network, señalaron que la medida sienta un precedente al aplicar sanciones antiterroristas no solo a quienes participan en violencia, sino también a entidades que proporcionan infraestructura. "La designación del Colectivo A/I es significativa porque el Tesoro está aplicando sanciones antiterroristas no solo a organizaciones que alega participan directamente en violencia, sino también a entidades que caracteriza como proveedoras de infraestructura habilitante", escribió la organización.
La incertidumbre legal afecta ahora a los usuarios de A/I, que podrían enfrentar multas de hasta un millón de dólares y 20 años de prisión por publicar en blogs alojados por el colectivo, según el marco sancionador. El cierre de A/I deja a los activistas en busca de plataformas alternativas que protejan su privacidad y resistan la censura de facto.