Suecia está deportando a ciudadanos británicos a un ritmo sin precedentes tras el Brexit, con una tasa de rechazo del 27,5% en las solicitudes de residencia, tres veces superior a la de cualquier otro Estado miembro. La política migratoria sueca ha virado drásticamente hacia la restricción, dejando a muchos británicos en una situación de vulnerabilidad.
Casi 4.000 de las 14.200 solicitudes presentadas en Suecia han sido rechazadas, y desde 2021 unos 2.500 británicos han recibido órdenes de expulsión, aproximadamente un tercio del total de la UE. La media de rechazo en la Unión Europea es de solo el 3-4%, lo que subraya la excepcionalidad del caso sueco.
Casos que ilustran la crisis
Joyce Thomas, una enfermera jubilada de 78 años que ha vivido en Suecia durante 21 años, ha recibido la orden de abandonar el país porque su solicitud de residencia post-Brexit se presentó tarde. Su caso, que ha generado indignación, no es aislado. Horace Mason, de 74 años, con demencia, también enfrenta la deportación tras 25 años de residencia.
Kathleen Poole, con Alzheimer avanzado, fue objeto de un intento de expulsión en 2023. Nichola Stanlick, que llegó a Suecia a los siete años, solicitó a tiempo pero le fue denegada la protección del acuerdo de retirada. Kenny Solomons, esposo de una cantante sueca, fue obligado a irse y tendría que cumplir los requisitos de la ley nacional para regresar.
Falta de comunicación y datos opacos
El acuerdo del Brexit preveía una campaña de concienciación, pero a diferencia de Dinamarca y los Países Bajos, el gobierno sueco no contactó individualmente a los británicos registrados. Algunos que preguntaron a las autoridades recibieron respuestas que no aclaraban que no debían esperar. Las personas mayores y sin acceso a internet fueron las más afectadas.
Los datos sobre solicitudes presentadas fuera de plazo siguen siendo opacos. El Reino Unido cuestionó las cifras y Suecia dejó de mostrarlas en los informes de la UE. Entre los casos genuinos de retraso, el grupo Brits in Sweden no ha podido verificar ni uno en el que se aceptaran las razones.
Un problema político más amplio
La respuesta a por qué Suecia actúa así es que su política migratoria se ha vuelto más restrictiva, lo que dificulta defender medidas correctivas. La confianza sueca en reglas neutrales y agencias independientes puede confundir la uniformidad procesal con la justicia, reduciendo circunstancias humanas radicalmente diferentes a puntos de datos.
Los británicos en la UE están atrapados en una tormenta política perfecta. Mientras que los ciudadanos de la UE en el Reino Unido tienen un electorado y una autoridad de monitoreo dedicada, los británicos están divididos entre 27 sistemas. El Brexit creó el problema, pero no obligaba a Suecia a realizar una divulgación inadecuada, oscurecer las estadísticas o estirar la proporcionalidad.
El gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea deben intervenir antes de que sea demasiado tarde. Se pide a Suecia que pause las expulsiones disputadas, publique estadísticas confiables y someta el esquema a una revisión independiente antes de que más vidas sean desarraigadas irreversiblemente.