Se puede grabar, codemandar y denunciar al médico de la empresa

Se puede grabar, codemandar y denunciar al médico de la empresa o de la mutua

Los trabajadores que demandan a la empresa ante la jurisdicción social por vulneración de derechos fundamentales pueden incluir como codemandados a los médicos de la empresa o de la mutua, siempre que estén vinculados al empresario. Además, las grabaciones ocultas de conversaciones con estos profesionales son legales como prueba, y también cabe presentar denuncias ante el colegio de médicos o por la vía penal en los casos más graves.

La posibilidad de codemandar al médico se basa en la figura legal de los "terceros vinculados al empresario por cualquier título". Cuando un trabajador está de baja médica y el médico de la empresa o mutua presiona para obtener datos médicos privados (vulnerando la intimidad) o coacciona para que solicite el alta médica (violando la igualdad y prohibición de tratos degradantes), se produce una violación de derechos fundamentales. En esos casos, el trabajador puede codemandar tanto a la empresa como al médico, ya que este está vinculado a la empresa, bien porque forma parte de su plantilla (como en grandes empresas como Mercadona) o porque la empresa eligió a esa mutua.

Codemandar al médico no implica una mayor complejidad para el demandante, ya que se trata de la misma demanda con varios codemandados. Sin embargo, para los codemandados la situación es muy diferente. Si solo se demanda a la empresa, solo ella puede ser condenada. Pero si se codemanda también al médico, ambos pueden ser condenados solidariamente, lo que significa que el médico también deberá pagar la indemnización, que en estos casos suele ascender a decenas de miles de euros por daños y perjuicios.

Esta estrategia es especialmente útil cuando la empresa es pequeña o carece de bienes embargables, como ocurre con muchas sociedades limitadas. En tales casos, si la empresa resulta insolvente, el FOGASA no cubre las indemnizaciones por daños y perjuicios, pero al haber codemandado al médico, este responde solidariamente, garantizando el cobro de la indemnización completa.

Denuncia ante el colegio de médicos

Además de la vía judicial, la actuación del médico puede ser valorada desde el punto de vista deontológico. El código de deontología médica de 2022 establece obligaciones de confidencialidad, secreto profesional y protección de la información sanitaria. Si el médico obtiene, exige o utiliza información sanitaria de manera injustificada, los trabajadores pueden presentar una queja o denuncia ante el colegio de médicos correspondiente, sin coste alguno para ellos.

Las sanciones para el médico pueden ser graves: suspensión temporal del ejercicio profesional para faltas graves o muy graves, e incluso la expulsión del colegio, lo que conlleva la inhabilitación para ejercer en cualquier otro colegio mientras no sea autorizado. Esto podría llevar a la empresa o mutua a despedir disciplinariamente al médico sin indemnización.

Posible vía penal

Cuando la conducta del médico es especialmente grave, puede acudirse a la vía penal por delitos de coacciones o acoso. Las denuncias penales tampoco tienen coste para el trabajador, pero pueden resultar en una condena para el médico, que igualmente podría derivar en su despido disciplinario.

Un ejemplo claro de una situación que habría justificado la codemanda y denuncia fue el caso de una trabajadora de Mercadona despedida por estar de baja. La sentencia indicó que la médica de la empresa participó activamente en la trama para conseguir el despido, llegando incluso a acompañar a la trabajadora a su consulta médica pública para obtener información que pretendía demostrar que la enfermedad era simulada. El despido fue anulado, y aunque el caso laboral ya podría haber prescrito, la vía colegial o penal podría seguir abierta.

En resumen, los trabajadores que sufren presiones ilegítimas por parte de los médicos de la empresa o mutua tienen varias herramientas legales a su disposición: codemandarlos en la demanda laboral, usar grabaciones ocultas como prueba, denunciarlos ante el colegio de médicos y, en casos graves, presentar denuncia penal. Todo ello sin coste adicional y con la posibilidad de que el médico asuma responsabilidades económicas y profesionales.