El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que los informes desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta corroboran que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sus declaraciones, realizadas en los pasillos de la Cámara Baja, ahondan en la polémica sobre la actuación de los servicios secretos ante la entrada masiva en la ciudad autónoma.
Rufián fue interpelado sobre si esos documentos respaldan la tesis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien sostiene que el CNI sí había detectado y comunicado previamente movimientos que podían desembocar en una llegada masiva a Ceuta. El organismo de inteligencia alertó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil sobre una convocatoria en redes sociales que hacía un "llamamiento" para un "asalto" a la frontera. Desde el Ejecutivo, sin embargo, matizan que ese aviso no equivalía a la previsión de "una llegada masiva".
Una parte del Estado que no obedece
A juicio del portavoz republicano, lo que revelan los informes es que "hay una parte del Estado que va en contra del Gobierno, en este caso, el CNI". Rufián ha sido tajante al describir la situación: "El Gobierno no controla una parte de su Estado... Gobierna sí, pero no manda".
Estas palabras sitúan el foco en la fractura entre el Ejecutivo y los servicios de inteligencia, un asunto que la oposición ha convertido en eje de sus críticas por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. La comparecencia de Rufián se produce en un contexto de máxima tensión política, con el Congreso pendiente de las explicaciones del Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta.
El debate sobre el papel del CNI y la cadena de mando en la comunicación de alertas se intensifica mientras el Gobierno mantiene su versión de que los avisos recibidos no anticipaban la magnitud del suceso. Las declaraciones de Rufián añaden presión sobre el Ejecutivo, que deberá aclarar ante el Parlamento los detalles de la actuación de los servicios secretos y la coordinación con las autoridades ceutíes.
La polémica continúa abierta y promete prolongarse en las próximas sesiones parlamentarias, donde la oposición exigirá responsabilidades por la gestión de la crisis y por la presunta descoordinación entre el Gobierno y sus propios servicios de inteligencia.