Tres reservistas israelíes acusados de violar colectivamente a un detenido palestino en la prisión militar de Sde Teiman han presentado una demanda contra el estado de Israel, reclamando 18 millones de shekels, unos 6 millones de dólares, después de que el ejército archivara las acusaciones. La demanda, presentada a través del grupo de asistencia legal de derecha Honenu, señala a 17 demandados, entre ellos el estado, el ejército, la policía militar y varias autoridades.
Los soldados pertenecen a la unidad de reserva "Fuerza 100", encargada de custodiar a los palestinos detenidos durante la ofensiva en Gaza. El caso se remonta a julio de 2024, cuando cinco reservistas fueron acusados de agredir brutalmente a un detenido palestino, según la acusación formal.
La agresión incluyó patadas, golpes con porras, arrastrar al detenido y descargas eléctricas repetidas, incluso en la cabeza, durante unos 15 minutos. Uno de los soldados también apuñaló al detenido cerca del ano con un objeto afilado, causándole desgarros en el recto. El detenido sufrió siete costillas rotas, un pulmón perforado y lesiones internas extensas, requiriendo cirugía.
Las imágenes de la agresión fueron captadas por cámaras de vigilancia y difundidas por el periodista Guy Peleg, del Canal 12, en agosto de 2024, lo que provocó indignación en Israel y a nivel internacional. La oficina de derechos humanos de la ONU calificó las imágenes de "impactantes".
Archivo de las acusaciones
El fiscal general militar, Itay Offir, retiró los cargos contra los cinco reservistas, citando una "falta de pruebas clave" después de que el detenido regresara a Gaza, lo que afectó las perspectivas de un juicio justo. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró la decisión, afirmando que Israel "debe perseguir a sus enemigos, no a sus combatientes heroicos".
Organizaciones de derechos humanos criticaron duramente la medida. Amnistía Internacional la calificó como "otro capítulo inconcebible en la larga historia del sistema legal israelí de otorgar impunidad a los perpetradores de crímenes graves contra los palestinos". El Comité Público contra la Tortura en Israel dijo que la decisión equivalía a un "encubrimiento" que otorgaba a los soldados "una licencia para violar".
La demanda por compensación
Casi seis meses después, tres de los reservistas buscan ahora una compensación por el mismo caso. La demanda acusa al estado, al ejército y a los funcionarios nombrados de sospecha falsa de un delito sexual, arresto injusto, filtración de material de investigación, difamación y encubrimiento de la investigación de la filtración.
Los daños reclamados incluyen 1,5 millones de shekels (500.000 dólares) por la supuesta sospecha falsa de un delito sexual, 450.000 shekels (150.000 dólares) por 15 días de detención que consideran injusta, 3 millones de shekels (1 millón de dólares) por difamación, 1 millón de shekels (330.000 dólares) por una acusación injusta y 500.000 shekels (165.000 dólares) por el manejo de la investigación de la filtración, además de otros daños no especificados que completan el total de 18 millones de shekels.
La demanda también nombra a la fiscal general Gali Baharav-Miara, a la ex fiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi y al periodista Guy Peleg, quien fue el primero en emitir el vídeo de la agresión sexual. El caso pone de relieve las tensiones en torno a la rendición de cuentas por las acciones militares en los territorios ocupados y el trato a los detenidos palestinos.