En un giro significativo de la política exterior, los gobiernos de Reino Unido, Francia y Canadá han anunciado este martes la prohibición del comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Esta medida, que sigue la estela de la adoptada por España, busca presionar a Israel después de que la Corte Internacional de Justicia declarara ilegales dichos asentamientos hace dos años.
El anuncio se produce en un momento de creciente tensión, mientras la Unión Europea sigue sin lograr un consenso para adoptar una postura común. El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, defendió la decisión en la Cámara de los Comunes, afirmando que "el Gobierno laborista no ha hecho suficiente" y que "hoy marca el comienzo de una nueva manera de hacer las cosas". Miliband, quien se identificó como "orgulloso británico judío", denunció la "limpieza étnica" perpetrada por "colonos terroristas".
Una medida con impacto económico
La prohibición afectará principalmente a la importación de productos agrícolas como mangos, uvas, aguacates, vinos kosher y aceite de oliva. Además, se impedirá a las empresas británicas ofrecer servicios relacionados con la construcción, financiación y publicidad de los asentamientos. Se espera que el veto entre en vigor el próximo año, tras un proceso legislativo que podría durar entre seis y nueve meses.
Esta acción no es aislada. España, Bélgica, Irlanda y Países Bajos ya han implementado restricciones similares. Francia y Suecia han abogado por un veto a nivel de la UE, pero la oposición de Alemania, Italia y República Checa ha bloqueado cualquier avance comunitario. En un comunicado conjunto, doce países, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá y España, se comprometieron a adoptar medidas nacionales o apoyar iniciativas europeas.
Reacciones y represalias
La respuesta de Israel no se ha hecho esperar. El Gobierno de Netanyahu ha anunciado el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, la exclusión del Reino Unido de la misión internacional para Gaza y la prohibición de entrada a 11 diputados británicos y un abogado. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, fue contundente: "Si el Reino Unido actúa contra Israel, Israel actuará contra el Reino Unido".
Por otro lado, el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó la medida de "interferencia" en las elecciones del 27 de octubre, mientras que el exprimer ministro Ehud Olmert la apoyó, acusando al Gobierno de Netanyahu de "apoyar a terroristas".
La administración estadounidense, a través de su embajador en Israel, Mike Huckabee, ha criticado duramente la decisión británica, tachándola de "tirar una piedra" y sugiriendo que "a los británicos se les ha ido la cabeza".
Apoyo y críticas en el Reino Unido
Una encuesta de YouGov revela que la mayoría de los británicos apoya la suspensión del comercio con los asentamientos, aunque un 34% admite no tener conocimiento suficiente sobre el tema. El Gobierno laborista, con mayoría absoluta, espera que la legislación sea aprobada sin problemas, pero algunos diputados han expresado su preocupación por posibles repercusiones antisemitas. El diputado conservador Edward Leigh, por su parte, respaldó la medida, destacando que "va de defender la libertad, la moral y la justicia para todas las personas".
Más de mil británicos judíos firmaron una carta en julio apoyando la prohibición, lo que refleja la división de opiniones dentro de la comunidad. Mientras tanto, los productores de los asentamientos confían en poder redirigir sus ventas hacia China, India, Rusia y Emiratos Árabes, minimizando así el impacto de los vetos europeos.
La situación sigue evolucionando, con un claro endurecimiento de la postura británica y de otros países hacia la política de asentamientos israelí, en un contexto de conflicto prolongado y violencia creciente en la región.