El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha impedido que Pedro Corbalán, consejero delegado de la empresa pública Planifica Madrid, comparezca ante la Asamblea para explicar la compra del ático de 6,3 millones de euros en el Paseo General Martínez Campos. La decisión, adoptada por la Mesa de la comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local, deja sin respuesta las tres preguntas centrales del escándalo que sacude al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La oposición había solicitado la presencia de Corbalán para el próximo 21 de septiembre, pero el veto del PP obliga a que sea el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, quien asuma el escrutinio parlamentario en el pleno de este jueves. García Martín preside además el consejo de administración de Planifica Madrid, pero su perfil es marcadamente político, a diferencia del técnico que encarna el consejero delegado.
Las tres incógnitas sin despejar
El primer interrogante afecta a la cadena de mando. Solo existen tres posibles responsables de haber ordenado la adquisición: el propio Corbalán, el consejero García Martín o la presidenta Ayuso. Ninguna de esas opciones ha sido confirmada oficialmente.
La segunda cuestión se refiere a quién aprobó la operación. Los estatutos de la sociedad contemplan que esa facultad recae en el consejo de administración, que a su vez puede delegarla en el consejero delegado, según el artículo 21.1 de la normativa interna.
El tercer punto es si la compra cumplió los requisitos legales exigibles al manejo de dinero público. La Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid exime a las sociedades mercantiles autonómicas de sus disposiciones, y la Ley de Contratos del Sector Público excluye las compraventas inmobiliarias. Pese a ello, juristas consultados sostienen que Planifica Madrid sigue obligada por principios de Derecho Público, como la vinculación al interés general que fija el artículo 103 de la Constitución, lo que exigiría una tasación independiente y un informe que justificara la necesidad de adquirir el inmueble.
Acusaciones de opacidad y "miedo"
Los grupos de la oposición han interpretado el veto como una muestra de temor. El diputado de Más Madrid Juan Varela lo califica de decisión prácticamente "inédita" y sostiene que evidencia el miedo del PP a que se hable del asunto. La portavoz socialista Tatiana Jiménez ha sido más dura: "Ayuso impide que nadie diga nada porque era evidente que el ático se compró para ella".
A la negativa de comparecencia se suma la falta de documentación. Varela ha visto denegadas dos peticiones de acceso a la encomienda de gestión que autorizaría a Planifica Madrid a adquirir inmuebles y a la orden concreta del ático de Chamberí. La respuesta oficial de la Mesa fue que "no existe la encomienda de gestión a la que se refiere la misma".
El foco se desplaza ahora a la sesión del jueves, cuyo orden del día aún no se ha hecho público. Está previsto que García Martín disponga de diez minutos iniciales, que cada grupo intervenga siete, que el consejero replique con otros siete y que cierre con cinco. Mientras tanto, este miércoles se conocerán las ofertas admitidas para adquirir el ático, después de que el plazo concluyera el pasado 7 de septiembre.