El digital Ok Diario ha decidido sumarse a la arremetida judicial que Vox mantiene contra la licencia de La Séptima, el nuevo canal de TDT que tiene previsto iniciar sus emisiones el próximo 5 de noviembre. La cadena, impulsada por el empresario audiovisual José Miguel Contreras, afronta así un frente legal que trata de frenar su desembarco en la parrilla.
La ofensiva comenzó con el partido de Santiago Abascal, que presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Consejo de Ministros que adjudicó la frecuencia al consorcio SIETE. En una primera fase, la formación solicitó al tribunal que reclamara el expediente administrativo completo y los informes que sustentaron la decisión del Ejecutivo, un paso previo a esgrimir sus argumentos jurídicos de fondo.
El argumento central de Vox es que la concesión "no se ajusta a Derecho" y que se habrían vulnerado los principios de igualdad, objetividad y libre concurrencia que deben regir este tipo de procedimientos públicos. La batalla legal busca, en última instancia, anular la adjudicación y, con ello, impedir la existencia de La Séptima.
La elección de SIETE se produjo tras un concurso convocado por el Gobierno en octubre de 2025 para otorgar una nueva licencia nacional de televisión en abierto. La convocatoria fue posible gracias a la reorganización del espacio radioeléctrico contemplada en el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, que liberó capacidad para un nuevo operador nacional. Al proceso concurrieron dos proyectos: el de SIETE y el de Mediaset, y finalmente el Ejecutivo se decantó por la propuesta de SIETE.
El propio Contreras ha denunciado públicamente esta campaña en su contra. Durante su intervención en un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum en Madrid, recordó que los primeros en iniciar la ofensiva contra el canal fueron los de Bambú, y este martes ha vuelto a rechazar que la cadena nazca para apoyar a un Gobierno: "Es una estupidez", ha zanjado.
La Séptima ha defendido en reiteradas ocasiones que se trata de un proyecto empresarial privado, financiado mediante publicidad y recursos privados, y ha negado que su nacimiento pueda interpretarse como la creación de una televisión de partido. No obstante, sus detractores utilizan su apuesta por la actualidad o sus fichajes para alimentar lecturas políticas y teorías conspirativas sobre la concesión.
En paralelo, Atresmedia se personará a título informativo en otra impugnación existente relativa a la reordenación del espectro radioeléctrico que hizo posible la liberación de espacio. En este tipo de procedimientos, todos los operadores del espectro no impugnados se convierten en codemandados, por lo que la presencia del grupo audiovisual es meramente pasiva y se sitúa del lado de la Administración.
El futuro de La Séptima queda así condicionado por los tribunales, mientras la cadena mantiene su fecha de estreno y defiende la legalidad de su licencia frente a quienes intentan frenar su puesta en marcha.