El presidente Javier Milei ordenó el despido de todo el personal civil de la Quinta de Olivos y dispuso que las Fuerzas Armadas asuman de forma integral las tareas en la residencia presidencial. La decisión, que incluye a mozos, cocineros, personal de limpieza y mantenimiento, implica que estos trabajadores pasen a ser militares. Según una fuente libertaria, "el cocinero es un teniente".
La noticia se conoció en la tarde del jueves, aunque los hechos habrían ocurrido en las últimas 48 horas. Doce personas fueron acusadas de filtrar información y despedidas, mientras que el resto del personal civil será reubicado en la Casa Rosada. La medida no tiene antecedentes en otras épocas, según trascendió.
Versiones encontradas sobre la furia presidencial
Las razones del despido masivo tienen múltiples interpretaciones. Una de las versiones sostiene que uno de los perros del mandatario se intoxicó, lo que habría desatado un ataque de ira y la orden de echar a todos por la convicción de que intentaron envenenarlo. Otra indica que la furia se originó por la filtración de una presunta compra de carne para el Presidente y sus funcionarios por una suma exorbitante de 500 millones.
En todas las versiones, distintas fuentes remarcan un estado de paranoia permanente y desconfianza del presidente hacia todos los que lo rodean.
La versión oficial
Ante la difusión de la noticia, el Gobierno emitió un comunicado en el que afirma que la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente y su familia. El texto oficial argumenta que la medida busca "fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", y la atribuye a la "escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina".
El comunicado no explica por qué los trabajadores que ejercían sus labores desde hace décadas fueron despedidos. La transferencia de funciones a las FFAA se completará en un máximo de 60 días, y se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, separando las funciones de seguridad, administración y control para reducir la estructura formal y la cantidad de personal.
El episodio deja al descubierto tensiones internas y un clima de desconfianza en el entorno presidencial, mientras el Gobierno sostiene su versión de seguridad y la oposición y sindicatos denuncian despidos sin causa.