Maricarmen, una mujer de 87 años que ha vivido en su piso del barrio madrileño de Ibiza, en Retiro, desde los 17, se enfrenta este miércoles a su cuarto intento de desahucio. El fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietario del inmueble, se ha negado sistemáticamente a negociar un alquiler asequible, a pesar de que la pensionista cobra apenas 1.450 euros al mes. Su caso se ha convertido en un símbolo de la resistencia frente a la voracidad del mercado inmobiliario y de las grietas de la llamada "legislatura de la vivienda".
La historia judicial de Maricarmen se remonta a 2018, cuando Urbagestión compró el bloque de pisos a Renta Corporación. Los titulares de la empresa, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, notificaron a la inquilina que su contrato de renta antigua, subrogado tras el fallecimiento de sus padres, debía haberse extinguido en 2007. El argumento legal se basa en que la segunda subrogación solo puede durar dos años si el descendiente conviviente no tiene una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene un 50%, por lo que el Tribunal Supremo falló a favor del fondo en marzo pasado.
Un proceso agotador y sin alternativas
El largo proceso ha mermado la salud física y mental de Maricarmen, que tiene movilidad reducida y necesita silla de ruedas para muchos desplazamientos. Su abogada, Beatriz Duro, explica que las vías judiciales internas se han agotado: se presentaron recursos ante el Constitucional y el Supremo, y una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Este organismo solicitó a España en junio que informara sobre las medidas para evitar un desalojo sin alternativa habitacional, lo que llevó a una suspensión cautelar. Sin embargo, la moratoria antidesahucios está tumbada y no existe normativa que proteja a colectivos vulnerables.
La abogada señala que, aunque al principio Urbagestión ofreció un alquiler inasumible de 1.650 euros mensuales (un 275% más que su pensión), ahora ni siquiera hay comunicación. El fondo también reclama 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por daños y perjuicios derivados de la campaña mediática. Este lunes, Duro presentó un escrito para suspender el lanzamiento tras ser contactada por Casa 47, la nueva empresa de vivienda del Estado, que busca una solución residencial.
El desahucio se produce una semana después de que el PSOE rechazara en el Congreso tramitar una ley de Sumar que prohibía la venta de pisos a personas jurídicas. El Sindicato de Inquilinas reclama contratos indefinidos, la reintroducción de la moratoria y la ampliación del parque público. Para visibilizar el caso, ha organizado actos desde este martes con personalidades como Juan Diego Botto o Alberto San Juan, y un llamamiento a acampar frente a la vivienda.
Maricarmen, que vio morir a sus padres en esa casa, mantiene su voluntad de resistir: "Hay que seguir luchando para impedir a estos defraudadores comprar casas", declaró esta semana. Su caso pone de relieve la falta de protección legal para inquilinos vulnerables en España.