La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho pública una versión actualizada de su base de datos sobre compañías que desarrollan actividades económicas en los asentamientos israelíes considerados ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este. El documento, que abarca el periodo comprendido entre agosto de 2019 y abril de 2026, identifica a un total de 214 empresas procedentes de once países distintos.
Entre las firmas incluidas en el listado figuran tres compañías españolas: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Salvat Logística. Las dos primeras ya habían sido señaladas en la edición anterior, mientras que la tercera se incorpora ahora como una de las 61 nuevas incorporaciones de este año.
Mayoría israelí y presencia internacional
El desglose por nacionalidades revela un claro predominio de empresas israelíes, con 192 firmas, seguidas de ocho estadounidenses. China, Francia y Reino Unido cuentan con dos compañías cada uno, mientras que Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo aparecen representados por una sola empresa. México también suma una firma a la lista, el conglomerado Orbia Advance.
El documento incluye además a multinacionales de perfil conocido, como las plataformas de reservas online Expedia, Airbnb y Booking, la estadounidense Motorola Solutions, la ingeniería francesa Egis o las británicas JCB y Greenkote, vinculadas al sector de la construcción.
En sentido contrario, cinco empresas que figuraban en la relación del año pasado han sido retiradas tras demostrar que ya no mantienen vínculos con actividades en los asentamientos. Entre las excluidas se encuentran dos españolas: la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y Actividades de Construcción y Servicios (ACS).
Reacciones contrapuestas
La publicación de la lista ha generado una reacción inmediata por parte de la Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra, que calificó el documento como "una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo". La representación diplomática sostuvo además que disuadir a compañías de operar en territorios en conflicto puede tener "efectos adversos" sobre los derechos humanos.
Por su parte, Ineco ha defendido que su actividad en Israel se circunscribe a proyectos en territorio reconocido internacionalmente y niega operar en zonas ocupadas. La empresa asegura que desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y que sus ingresos allí han caído de casi diez millones de euros anuales a menos de tres millones, por lo que ha solicitado formalmente a Naciones Unidas que la retire de la base de datos.
Niveles de implicación y proceso de revisión
Según la ONU, de las 214 compañías incluidas, 200 contribuyen a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación de los palestinos, mientras que las catorce restantes mantienen una vinculación directa con los asentamientos, aunque con menor implicación. En este último grupo se encuentra la española Salvat Logística, junto a las británicas JCB y Greenkote.
La elaboración de esta base de datos arrancó con las primeras versiones de 2020 y 2023, y en 2024 la oficina abrió una convocatoria pública para recabar información sobre posibles implicaciones empresariales. Se recibieron datos de 596 firmas, y las actualizaciones de 2025 y 2026 responden al análisis de esos expedientes, si bien aún quedan 255 compañías pendientes de estudio.
La inclusión en la lista no conlleva sanciones económicas, pero la ONU insta a las empresas a adoptar medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos. El alto comisionado Volker Türk subrayó que el documento "recuerda a las empresas que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, y que se espera de ellas la diligencia debida para asegurarse de que no se vean implicadas en violaciones o abusos". Türk también exhortó a los Estados a proteger a las personas afectadas mediante medidas judiciales, administrativas o legislativas.
La actualización de la base de datos mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad empresarial en territorios ocupados, con Israel cuestionando la legitimidad del listado y varias compañías, como Ineco, reclamando su exclusión mientras la ONU continúa analizando los expedientes pendientes.