La criminalización de las vecinas con carrito avanza en Donostia, donde las voluntarias que reparten bocadillos se han convertido en el objetivo de grupos ultras que exigen contundencia y difunden vídeos sin su permiso. Mientras tanto, prosiguen las inspecciones de carritos de la compra y las identificaciones policiales ordenadas por el alcalde Jon Insausti (PNV). Organizaciones como Harrera Sarea y Kaleko Afari Solidarioak (KAS) han puesto pie en pared ante este señalamiento.
El grupo ultra 'Lo que no te cuentan de Donosti' (LQNTCDD) ha publicado un vídeo en el que se ve a dos mujeres con carros de la compra repartiendo comida a un joven migrante. En el mensaje que acompaña a las imágenes, piden a las autoridades que actúen "con mayor contundencia" y que identifiquen a las responsables. El texto del señalamiento menciona infracciones, desobediencia, multirreincidencia, armas blancas, drogas y robos, y afirma que es "intolerable" que se dé de comer a "individuos multirreincidentes".
No es la primera vez que LQNTCDD realiza estas labores de vigilancia. A principios de 2025, el grupo de Telegram que entonces reunía a unas 2.700 personas fue infiltrado por Hordago, que documentó llamadas a "cazar" magrebíes, enlaces para comprar sprays de pimienta y porras extensibles, y mensajes que pedían organizar patrullas. SOS Racismo Gipuzkoa advirtió entonces de un "salto cualitativo" hacia la invitación directa a la violencia.
El grupo de Telegram desapareció, pero la marca continúa activa en otras redes y mantiene su fijación con quienes prestan ayuda a los jóvenes migrantes. LQNTCDD ha mostrado vídeos arrancando carteles sobre las cenas solidarias y ha señalado reiteradamente a las vecinas y organizaciones implicadas. El objetivo de su criminalización se ha desplazado a las decenas de personas voluntarias, organizaciones y asociaciones populares, y ya no se centra solo en los jóvenes migrantes.
La prohibición de las cenas solidarias
Kaleko Afari Solidarioak nació en noviembre de 2020 y durante cerca de seis años llegó a proporcionar más de 300 cenas calientes diarias en tres puntos de Donostia. El 27 de julio, la Guardia Municipal comunicó que la actividad quedaba prohibida en toda la ciudad, basándose en informes de Uso del Espacio Público, Salud Pública y Guardia Municipal. El alcalde Insausti y la Guardia Municipal sostienen que las cenas habían generado un "efecto llamada" y un incremento de la criminalidad.
Un documento municipal aludía a "personas extranjeras, de procedencia mayoritariamente norteafricana" y vinculaba los puntos de reparto con problemas de seguridad. Insausti, que llegó a la alcaldía sin mediación de elecciones, ha defendido su modelo de Donostia "para los donostiarras" con "más seguridad". En febrero, la ciudad comenzó a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas, una decisión que provocó el rechazo incluso del PSE, socio de gobierno del PNV.
El Ayuntamiento contrapone a la iniciativa vecinal un modelo institucional: el 12 de agosto anunció medio millón de euros adicionales para elevar a 416 las comidas diarias financiadas por Acción Social. Insausti repitió que "el modelo de Donostia es el del humanismo y la exigencia". Frente a los repartos en la calle, defiende una presunta "alternativa ordenada".
La presión policial sobre las voluntarias
Tras el veto, algunas personas comenzaron a salir al atardecer con carros y bolsas cargados de bocadillos para entregarlos directamente a quienes los necesitaran. Pero los señalamientos de LQNTCDD y la presión policial han obligado a las vecinas a convertir su iniciativa en una misión con fintas, señuelos y mucha audacia, pues cada "inspección" de carrito suele ir acompañada de una identificación.
El periodista Pablo Ordaz relató cómo la Guardia Municipal identificaba a mujeres que caminaban por Donostia repartiendo bocadillos. A una de ellas, un agente le comunicó que recibiría una sanción por "ocupación ilegal del espacio público". Cuando preguntó si regalar un bocadillo constituía un delito, la respuesta fue: "Uno, no; pero sí a determinados colectivos".
Elkarrekin Podemos, que estudia recurrir la resolución ante los tribunales, explicó que la Resolución de Alcaldía 122/2026 prohíbe la actividad organizada de reparto de cenas de KAS, pero no establece una prohibición general de entregar alimentos en la calle. Extenderla a "una ciudadana que camina por la calle y entrega a título personal comida a otra persona" es, para la formación, jurídicamente mucho más discutible.
Donostia Harrera Sarea ha denunciado un aumento de los desalojos de lugares donde duermen personas sin hogar y asegura que las identificaciones y amenazas de sanción están alcanzando también a voluntarios de otras organizaciones. "Estamos completamente impactadas por el extremo al que está llegando la criminalización de la solidaridad", subraya la red. Según su denuncia, la presión policial ya afecta incluso a actividades educativas y de acompañamiento, como impartir clases de castellano y euskara a jóvenes sin hogar.
La red insiste en que una ciudad en la que han muerto siete personas sin hogar desde noviembre de 2025 no debe destinar sus recursos públicos a perseguir las iniciativas solidarias. Cuentan que las personas sin hogar han sufrido amenazas para que abandonen los lugares en los que duermen, rotura de sus pertenencias, tiendas de campaña rajadas y retirada de sus objetos personales. Mientras se exige su "integración" por medio de los "idiomas" y la "formación", se están poniendo "trabas y obstáculos" que lo impiden.