La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta ordenó a la Policía Nacional no compartir con otros organismos el informe policial que apunta a la responsabilidad de Marruecos en la crisis fronteriza. La instrucción limitaba el acceso a la información únicamente a la magistrada que dirige las diligencias.
El procedimiento no se encontraba bajo secreto de sumario, pero la Policía recibió la indicación de que el contenido del documento debía quedar circunscrito al ámbito judicial y que "sólo se podía informar a su señoría". Esta circunstancia adquiere especial relevancia ahora que el documento ha trascendido y que el Ministerio del Interior ha reclamado explicaciones sobre su existencia y contenido.
Contenido del informe policial
El informe, adelantado por El Español y confirmado por El Independiente, analiza lo ocurrido durante la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio y recoge elementos que apuntan a una posible actuación coordinada desde el otro lado de la frontera. Según la información conocida, agentes marroquíes habrían desempeñado un papel activo en el desplazamiento de los migrantes hacia la frontera española.
La hipótesis que maneja el documento se aleja de la consideración de la crisis como un episodio exclusivamente espontáneo provocado por las mafias dedicadas al tráfico de personas. La investigación judicial trata de determinar qué ocurrió durante aquellas jornadas y si detrás de la llegada masiva pudo existir algún tipo de actuación organizada.
El contenido del informe coloca el foco sobre quién tuvo conocimiento de sus conclusiones y por qué esa información no llegó al Ministerio del Interior. Fuentes conocedoras sostienen que la Policía entendió que la información debía trasladarse exclusivamente a la jueza en el marco de las diligencias abiertas.
Reclamación de Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que aclare el contenido del documento y las circunstancias que rodearon su elaboración y traslado. La petición pretende determinar qué información manejaba la Policía sobre la actuación marroquí y cuándo tuvieron conocimiento de ella los responsables políticos del Ministerio.
No obstante, que Marlaska haya reclamado estas explicaciones no significa que el director general de la Policía esté obligado a facilitarle cualquier información de una investigación judicial en los términos que reclame el ministro. Francisco Pardo debe preservar la autonomía de las actuaciones policiales que se desarrollan bajo la dirección de la autoridad judicial y cumplir las instrucciones recibidas de la magistrada.
El Gobierno defiende a Marruecos
La polémica se produce después de que el Gobierno haya defendido públicamente que Marruecos no tuvo responsabilidad en la entrada masiva. El presidente Pedro Sánchez ha desvinculado a Rabat de lo ocurrido y ha situado el origen de la crisis en la actuación de las mafias y en la difusión de mensajes en redes sociales.
El informe policial introduce una hipótesis diferente y atribuye un papel relevante a lo sucedido al otro lado de la frontera. No significa, por sí mismo, que las conclusiones policiales hayan sido asumidas judicialmente ni que exista una resolución que establezca una responsabilidad de Marruecos.
Cadena de avisos previos
La existencia de este informe se suma a la cadena de alertas que se produjeron en los días previos a la entrada masiva. El 27 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, alertó al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, de la creciente cantidad de entradas a nado por Ceuta. Vivas mostró mayor preocupación ante la posibilidad de que la situación desembocara en una crisis fronteriza.
Dos días después, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaboró un informe interno en el que alertaba de la presencia masiva de personas en la zona fronteriza y advertía del riesgo de un salto de la valla o de una entrada por vía marítima. El documento no anticipaba una cifra concreta, pero sí advertía de un riesgo elevado de entrada masiva.
Entre el 30 y el 31 de julio se produjo finalmente la entrada masiva, que obligó a movilizar a efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Ahora, el informe remitido a la Audiencia Nacional añade un nuevo elemento a esa cronología: la existencia de indicios policiales sobre una posible intervención marroquí en la organización de los movimientos hacia la frontera.