El Ministerio del Interior ha decidido abrir un expediente disciplinario por presunta falta grave o muy grave a los agentes de la Policía Nacional que agredieron a un seguidor del FC Barcelona durante los prolegómenos del partido contra el Elche, disputado el pasado 23 de agosto. La investigación se inició de oficio tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se observa cómo los policías golpean al joven después de arrebatarle una bandera estelada.
El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la medida este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Marta Madrenas. Según explicó, lo que comenzó como una "información reservada" ha derivado en la apertura formal de un expediente para determinar si la conducta de los agentes constituye una falta grave o muy grave.
Una actuación injustificada
Marlaska fue contundente al señalar que la actuación policial "no se justifica en modo alguno", con independencia de que el ciudadano portara un símbolo "absolutamente legítimo" como es la senyera. El ministro subrayó así que la condición del aficionado o el emblema que exhibiera no exime a los agentes de actuar conforme a la ley.
Los hechos investigados se remontan al 23 de agosto, cuando un vídeo grabado antes del encuentro entre el Elche y el Barcelona mostraba a varios agentes de la Policía Nacional reduciendo a un joven en el suelo tras quitarle una estelada. La difusión del material generó una ola de críticas y llevó a Interior a activar una investigación interna.
Durante su intervención, la diputada de Junts también denunció un episodio similar ocurrido el pasado domingo en Alcorcón (Madrid), donde otro aficionado habría sido agredido en circunstancias parecidas. El ministro reconoció que ese caso debe "contextualizarse", pero aseguró que, según la información de la que dispone, las circunstancias "son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche".
El expediente abierto ahora deberá esclarecer la responsabilidad de los agentes implicados y determinar la calificación final de los hechos. La decisión de Interior supone un paso más en la investigación de una actuación que ha generado un intenso debate público sobre el uso de la fuerza policial y la libertad de expresión.