El Ministerio del Interior ha confirmado la existencia de un listado de periodistas elaborado por su Oficina de Comunicación, un documento que ha sido calificado como meramente informativo y de uso interno. La revelación, publicada por El Confidencial, ha desatado una ola de críticas por parte de asociaciones de prensa y partidos políticos.
Un 'documento de trabajo' según Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido al dosier como un simple 'documento de trabajo' destinado a conocer la actividad informativa sobre el ministerio, sin ningún objetivo oculto. En declaraciones desde Ceuta, ha insistido en que no tiene 'ninguna finalidad espuria' y que busca una comunicación más eficaz.
Fuentes del departamento han pedido disculpas a los profesionales que pudieran sentirse ofendidos por las valoraciones incluidas, subrayando que no han condicionado el trato diario con los medios. El documento, titulado 'Tertulianos. Radio y Televisión', data de febrero de 2024 y contiene fichas con fotos y comentarios sobre la ideología de decenas de periodistas.
Críticas y condenas
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su 'más enérgica condena' ante esta práctica, que considera un ataque directo a la libertad de prensa. En un comunicado, advierte de que ningún organismo del Estado tiene legitimidad para 'fichar, catalogar o perfilar ideológicamente' a profesionales de la información.
El periodista Alejandro Requeijo, autor de la investigación, ha destacado en RNE que la lista incluye opiniones sobre temas ajenos a Interior, como la ley de amnistía o la afinidad con el presidente Pedro Sánchez. Entre los fichados figuran directores de periódicos, columnistas y periodistas de diversas áreas, con etiquetas como 'apoya al Gobierno' o 'reconocido antisanchista'.
Reacciones políticas
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha mostrado su rechazo a cualquier tipo de clasificación ideológica y ha pedido explicaciones al Ministerio. Por su parte, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado el documento de 'lista negra' que retrotrae a otra época, mientras que Sumar ha anunciado que preguntará al ministro en el Congreso.
El Gobierno, a través de la ministra portavoz, Elma Saiz, ha garantizado que no hay intención de censurar ni coartar la libertad de los periodistas, y ha insistido en que el objetivo es meramente consultivo. Sin embargo, la polémica sigue creciendo y el caso evidencia la sensibilidad de la opinión pública ante cualquier indicio de control gubernamental sobre la prensa.