Virginia Guisasola tiene 86 años y cada día pregunta a su hijo Ignacio cuándo le devolverán el dinero que invirtió hace cinco años en Housers. “Ya no sé qué decirle”, confiesa él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”. Guisasola destinó 10.000 euros de sus ahorros a la plataforma de crowdfunding inmobiliario que prometía intereses de entre el 10% y el 13%. Hoy no sabe si recuperará algo.
La historia de Guisasola es una de las muchas que rodean a Housers, la primera plataforma española de financiación colectiva aplicada al ladrillo. Nacida en 2015 con gran despliegue mediático, permitía invertir desde 50 euros —ahora el mínimo son 300— en la compra, reforma y venta o alquiler de inmuebles. Tras una década de quejas, demandas y sanciones, la empresa cambió de nombre y accionariado en febrero: ahora se llama Crowpire. Pero los problemas persisten, según más de veinte inversores consultados.
“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, resume Juan Antonio Fernández, que lleva años esperando recuperar parte de los 25.000 euros que invirtió. La falta de información es la queja más repetida. “Lo peor de todo es la falta de información”, insiste el hijo de Guisasola, que también tiene miles de euros paralizados. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.
Sanciones y opacidad
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso a Housers en 2019 tres sanciones que sumaron 215.000 euros: dos muy graves por incumplir sus obligaciones de información y transparencia y por realizar actividades no autorizadas, y una grave por publicar un proyecto que no cumplía la normativa. A pesar de ello, los inversores describen juntas reducidas a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años y documentación que ha desaparecido con el cambio de nombre.
El modelo de negocio evolucionó desde la constitución de sociedades por inmueble hasta los préstamos participativos a promotores. “¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta un afectado. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar”. A partir de 2019, muchos proyectos empezaron a ir mal y la información se volvió esquiva.
Ruben Berastegui, de 44 años, invirtió en 42 proyectos. Recuperó el dinero en 24, pero en los 18 restantes lo ha perdido todo o no tiene noticias. “En los que he conseguido recuperar habré ganado unos 8.000 euros”, explica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.
Los contratos presentan a Housers/Crowpire como un simple “intermediario” tecnológico, pero la plataforma decide qué proyectos publica, cobra comisiones por análisis y estudio, y prevé pagos adicionales cuando un proyecto entra en impago o se reestructura. Además, en varios casos designó como agente de garantías a sociedades controladas por personas vinculadas a la empresa, según el registro mercantil.
La dificultad para organizarse y denunciar agrava la situación. “¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se lamenta Ignacio Rubio. Una asociación de afectados creada en 2020 acabó disolviéndose tras los reveses judiciales. Mientras, los inversores siguen sin respuestas claras sobre el destino de su dinero.