Gestión de incendios del PP: opacidad, pactos con Vox y fracasos

Gestión de incendios del PP: opacidad, pactos con Vox y fracasos

Mientras el sur de Europa arde bajo una de las olas de calor más devastadoras, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se enfrentan a una tormenta de críticas por su gestión de los incendios forestales. La declaración de emergencia nacional en España y las evacuaciones masivas han puesto de relieve profundas carencias en un modelo que, según la oposición y expertos, lleva años mostrando sus costuras más débiles.

Galicia, comunidad donde el PP ha gobernado ininterrumpidamente desde 2009 bajo Alberto Núñez Feijóo y luego Alfonso Rueda, se ha convertido en el epicentro de la tragedia. Entre 2015 y 2026 se han registrado al menos 21 fallecidos —la mayoría bomberos o voluntarios— en incendios gallegos, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas.

Un modelo forestal que arde

La política forestal actual en Galicia es herencia directa de Feijóo. Solo en los últimos nueve años, la Xunta ha invertido más de 1.231 millones de euros en prevención y extinción, pero desde 2009 han ardido más de 290.000 hectáreas —casi el 15% de la superficie forestal—. En 2025 se sumaron otras 59.000 hectáreas, según cálculos provisionales de la propia administración.

Los críticos señalan que el modelo se sustenta en una apuesta desmedida por la eucaliptización, la ausencia de ordenación territorial, la falta de control de los montes y la precariedad de los medios humanos. El Consello Forestal de Galicia denunció que la Xunta licitó en noviembre de 2024 un concurso para labores preventivas en 2025 y, a 18 de agosto, no se había ejecutado ningún lote. Tampoco se tramitaron los 480 expedientes solicitados por las comunidades de montes.

En 13 años, la inversión en prevención se ha reducido un 90%. Galicia dedica más del 80% de su presupuesto forestal a apagar fuegos y menos del 20% a prevenirlos, convirtiéndose en la comunidad que más gasta en extinción sin que ello evite récords de superficie quemada.

Opacidad y teoría del terrorismo incendiario

La opacidad ha sido una constante. La oposición denuncia que la Xunta oculta información sobre la superficie quemada. Ana Pontón, líder del BNG, acusó al gobierno de Rueda de manipular datos: "En un día se sumaron 10.000 hectáreas porque no se informaba bien". El PPdeG, con mayoría absoluta, vetó incluso la creación de una comisión de investigación sobre los incendios de 2025 que arrasaron más de 100.000 hectáreas.

Feijóo insistió durante años en atribuir los incendios a una supuesta trama de "terrorismo incendiario". En octubre de 2017, tras una oleada que arrasó 49.000 hectáreas y causó cuatro muertos, habló de actividad "delictiva homicida". Sin embargo, el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, fue tajante: "No tenemos evidencias de la existencia de ninguna trama". Solo cuatro personas fueron identificadas como presuntos autores, sin relación entre ellas. Aquel desmentido fue el inicio de un largo enfrentamiento entre Feijóo y García Ortiz, que años después, cuando este fue nombrado fiscal general del Estado, el PP utilizó para desacreditarlo.

Pactos con Vox y negacionismo climático

En varias comunidades donde el PP necesita el apoyo de Vox, la política forestal ha quedado en manos de la ultraderecha. En Extremadura, el acuerdo de coalición de 2023 otorgó a Vox una consejería de nueva creación: Gestión Forestal y Mundo Rural, con competencias en incendios. En Castilla y León, PP y Vox sacaron adelante un decreto ley para modificar la Ley de Montes. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llegó a responsabilizar de los incendios al "ecologismo extremo", una declaración que refleja el negacionismo climático de la formación.

Rueda en la diana

Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, no ha modificado el modelo. Durante la oleada de incendios de 2025, Ana Pontón denunció que Rueda "no hizo su trabajo" porque "en plena ola de incendios no estaba en el centro de coordinación, sino en la plaza de toros de Pontevedra". La oposición calificó su gestión como "la peor de la historia" y pidió su dimisión. El eurodiputado socialista Nicolás González Casares acusó a la Xunta de "contribuir a los incendios" al rechazar pactos climáticos y no contratar bomberos en condiciones dignas.

Rueda, por su parte, minimizó la magnitud de la catástrofe y cuestionó las mediciones del programa europeo Copernicus, que señalaban más hectáreas calcinadas que las reconocidas oficialmente.

Competencias y culpas cruzadas

De acuerdo con la Constitución, las comunidades autónomas asumen las competencias en montes y aprovechamientos forestales, mientras el Estado despliega medios de apoyo. Sin embargo, los gobiernos del PP han utilizado este reparto para eludir responsabilidades, culpando al Gobierno central de la falta de medios mientras ellos mismos reducían inversiones en prevención. En plena crisis, la Xunta retiró a varios bomberos de las cuatro provincias mientras su presidente pedía más medios al Estado.

La gestión de incendios en las comunidades del PP presenta un patrón recurrente: reducción de prevención, opacidad, externalización de culpas mediante teorías conspirativas y un uso político del reparto competencial. Mientras los montes arden y los bomberos pierden la vida, los dirigentes del PP asisten a corridas de toros o entregan medallas. El legado de Feijóo en Galicia es un modelo forestal que ha convertido la prevención en un negocio opaco, y su sucesor lo perpetúa. Los pactos con Vox añaden negacionismo climático. La historia de estos incendios es la crónica de una negligencia que ya se ha cobrado demasiadas vidas.