La batalla legal en torno al hotel de El Algarrobico suma un nuevo capítulo. Tres exalcaldes de Carboneras, que en su día gobernaron bajo las siglas del PSOE y del PP, junto con la promotora Azata del Sol y una asociación local, han interpuesto recursos administrativos contra el acuerdo plenario que anuló la licencia municipal de obras. Esta ofensiva busca revivir un permiso que todas las sentencias judiciales vinculan con la demolición del inmueble.
Los recursos impugnan la decisión adoptada el pasado 7 de julio por la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que declaró la nulidad de la licencia. Los firmantes son la propia promotora, el exregidor socialista José Luis Amérigo, el exalcalde del PP Felipe Cayuela y una asociación para la defensa del patrimonio de Carboneras que preside Cristóbal Fernández, quien fuera regidor durante seis legislaturas, incluida la que concedió el permiso de obras en 2003.
Falta de informes previos
El argumento central de los recurrentes es la ausencia de estudios técnicos y económicos antes de proceder a la anulación. Exigen un informe económico-financiero, otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de las administraciones y un tercero técnico sobre las consecuencias urbanísticas y medioambientales. Consideran que sin estos documentos el acuerdo carece de sustento.
Esta embestida administrativa se suma al recurso ya presentado por la promotora y llega después de un pleno extraordinario celebrado el 17 de junio, en el que siete concejales (cinco del PSOE y dos no adscritos) votaron a favor de aplazar la revisión del expediente. Aquella maniobra provocó un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
El PSOE ya ha abierto expedientes de expulsión a los concejales socialistas que no respaldaron la revisión de la licencia. Por su parte, Cristóbal Fernández ha anunciado una querella por prevaricación contra el actual alcalde, Salvador Hernández, si no se retrotraen las actuaciones para incluir los informes técnicos y económicos que se acordaron en la sesión previa con los votos del PSOE y los no adscritos.
Llamamiento a la cordura
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), ha hecho un firme llamamiento a la "altura de miras" de todas las administraciones implicadas. Su objetivo es garantizar una cooperación que asegure una solución definitiva en la que el municipio no resulte "aún más perjudicado" tras más de veinte años de desgaste judicial y mediático. Hernández ha asegurado que, tras la comunicación del Gobierno andaluz, el Consistorio mantiene la que "ha sido siempre" su postura: un "absoluto respeto a la legalidad" vigente y la defensa irrenunciable del interés general de los vecinos.
La resistencia burocrática de los exalcaldes y la promotora podría retrasar aún más el desenlace de un conflicto que se ha convertido en símbolo de la especulación urbanística y la destrucción del litoral mediterráneo. Una insólita alianza entre antiguos rivales políticos que llega dos décadas después de la paralización de las obras, cuando todas las sentencias señalan directamente hacia la demolición.