El fondo buitre KSAC Europe Investment ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que valore la disolución de los órganos del Ayuntamiento de Burguillos si el Consistorio no cumple su exigencia de abonarle 27 millones de euros de una tacada mediante un préstamo. La petición se enmarca en la campaña de presión que el fondo mantiene contra el gobierno local, gobernado por Domingo Delgado.
KSAC Europe invoca en su escrito una sentencia emitida en 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, que reconoce a la entidad un crédito de más de 27 millones de euros a pagar por el Ayuntamiento, como consecuencia del concurso de acreedores de la desaparecida empresa municipal Burguillos Natural. La sentencia fue elevada a firme en 2022.
El fondo señala que al Ayuntamiento le fue aprobada una financiación estatal de 28 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, pero que finalmente solo solicitó dos millones. KSAC insta a la Consejería a que requiera al Consistorio para que formalice un contrato de préstamo con el ICO por el importe total de la financiación autorizada, que asciende a 28.250.944,54 euros.
El alcalde, Domingo Delgado, ha advertido en repetidas ocasiones de que concertar un préstamo de 28 millones de euros supondría «cerrar» de facto el Ayuntamiento, reduciendo sus funciones casi exclusivamente a pagar la deuda, a costa de los servicios municipales y de buena parte de las nóminas de la plantilla. Según sus cálculos, implicaría una cuota anual de 2,8 millones de euros con un horizonte de 12 años para su amortización.
El Consistorio ya destina unos 700.000 euros al año para abonar préstamos formalizados, en el marco de un presupuesto anual de unos 5,4 millones de euros. Con el nuevo préstamo, los gastos financieros se dispararían a los 3,5 millones de euros al año, dejando al Ayuntamiento con apenas 1,9 millones anuales para el resto de sus obligaciones, cuando solo las nóminas de la plantilla y sus cotizaciones requieren más de 3,2 millones de euros.
En su misiva, KSAC traslada a la Consejería «la situación de persistente incumplimiento de las obligaciones presupuestarias y de sostenibilidad financiera en que se encuentra el Ayuntamiento» y solicita la adopción de «medidas correctivas y coercitivas». El fondo esgrime que el Consistorio cerró 2025 con un superávit de más de dos millones de euros y un remanente de tesorería de 2,8 millones, lo que, a su juicio, acredita que dispone de capacidad económica suficiente para hacer frente al pago de sus obligaciones.
El alcalde viene defendiendo que ya ha abonado 4,2 millones de euros de la condena y que ha propuesto a KSAC diferentes fórmulas de pago alternativas, la última por el importe principal de la sentencia condenatoria, de 13,6 millones de euros. Sin embargo, KSAC asegura que el Ayuntamiento ha promovido «operaciones de maquillaje contable» para eludir la ejecución directa de la sentencia, además de incurrir en un «persistente y grave incumplimiento del régimen jurídico» presupuestario aplicable.
El fondo buitre acusa al Consistorio de «incumplir sistemáticamente» sus obligaciones y de ocultar su verdadera capacidad financiera, confeccionando unos presupuestos «manifiestamente infravalorados» con el único propósito de eludir el cumplimiento de la sentencia. Para la entidad, «la única solución válida para resolver la situación del Ayuntamiento sería (...) reconocer presupuestariamente el importe total de la deuda de 27.058.711,95 euros a favor de KSAC determinada en la sentencia, suscribir el correspondiente contrato de préstamo con el ICO por el importe total de la deuda como consecuencia de la adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales» y abonar los mencionados 27 millones.
KSAC también solicita a la Consejería que requiera al Consistorio para que reconozca en el presupuesto general el importe de la obligación de pago derivada de la sentencia, la aprobación inmediata de un plan económico y financiero para el pago de las cuentas pendientes y la adopción de «medidas de cumplimiento forzoso previstas» por la ley en caso de persistir la situación.
La petición de disolver la Corporación local constituye un nuevo y crudo giro de tuerca en este conflicto. En la etapa democrática solo constaría la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006, a cuenta del gravísimo entramado de corrupción que había corroído a la entidad local, y fue adoptada por el Consejo de Ministros, no por la Administración autonómica.
Esta nueva medida de presión se suma a las multas diarias de diez euros, o sea 3.650 euros anuales por persona, impuestas a los ediles por el juzgado emisor de la sentencia a instancias del fondo, sanciones anuladas no obstante por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras ello, KSAC redoblaba su carga reclamando que el alcalde y los concejales sean sometidos a sanciones de 50 euros por día si el Consistorio no pide el mencionado préstamo de 28 millones de euros.
«Estoy hasta las narices de coacciones y amenazas», lamentaba recientemente Domingo Delgado ante esta auténtica campaña de acoso y derribo, que ahora se recrudece con la petición de disolución. El fondo, por su parte, insiste en que el Ayuntamiento debe cumplir la sentencia y advierte de que la situación de incumplimiento persiste.