El decreto ley que habría regulado el lobby a nivel estatal por primera vez en la historia de España no ha superado el trámite parlamentario. Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, sumados a las abstenciones de PNV y Podemos, han provocado que la norma decaiga, dejando en el aire un avance considerado imprescindible para la calidad democrática del país.
La regulación del lobby acumula años de reclamaciones por parte de organizaciones civiles como Civio, pero también de instituciones internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la OCDE y, sobre todo, la Comisión Europea. Se trata, además, de uno de los compromisos incluidos en el Plan de recuperación y vinculado al desembolso de fondos a España. Una vez más, el retraso se impone.
Una salida posible: desatascar el proyecto de ley
Existe una alternativa para reconducir la situación: desbloquear cuanto antes el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que permanece parado en el Congreso desde hace un año, y aprobarlo con urgencia. El decreto ley rechazado hace tres semanas recogía muchas de las reivindicaciones de organizaciones como Civio, así como enmiendas presentadas por partidos como el PP, que votó en contra alegando estar a favor de la regulación pero no por esa vía.
Los consensos existían. El reto ahora es traducirlos en una norma valiente. Para ello, resulta clave distinguir entre la transparencia de las reuniones y los contactos, su impacto en las normas finalmente aprobadas, y la importancia constitucional de entidades como sindicatos y organizaciones empresariales. Incluirlos en el registro no les resta peso ni ignora su papel: solo aporta más transparencia a esas interacciones.
Desde Civio insisten en que no debería haber excepciones: "todos hacemos lobby, desde grandes empresas hasta sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y asociaciones de vecinos". El lobby no es un concepto negativo en sí mismo; lo relevante es que se ejerza de forma transparente y ética, y ese debería ser el objetivo de la norma.
Las recomendaciones de Civio para la tramitación del proyecto de ley siguen siendo las mismas que enviaron a los partidos en febrero de 2025, muchas de las cuales ya estaban incluidas en el decreto ley: control independiente, sin excepciones absurdas sobre qué se publica y quiénes están incluidos, un régimen sancionador potente y bilateral (tanto para lobistas como para empleados públicos) y una huella legislativa que permita saber de verdad qué impacto han tenido esas reuniones en las normas finales.
Con el decreto ley decaído, la regulación del lobby vuelve a depender del proyecto de ley que sigue atascado en el Congreso. La exigencia de transparencia, respaldada por la Comisión Europea y vinculada a los fondos de recuperación, permanece sin respuesta un año más.