La proposición de ley de Sumar que pretendía prohibir la venta de viviendas a personas jurídicas, con el fin de expulsar a los grandes fondos de inversión del negocio inmobiliario, no ha superado el trámite de toma en consideración en el Congreso de los Diputados. La iniciativa fue rechazada con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, y la abstención del PSOE, que ya se había abstenido en una votación similar en noviembre de 2025.
Un nuevo revés para la regulación de la vivienda
La votación, celebrada este martes, evidencia las diferencias en el seno del Gobierno de coalición y la falta de apoyo del partido socialista a medidas que buscan limitar la especulación con la vivienda. Sumar, promotor de la norma, lamentó la posición del PSOE: "Nadie entiende que [el PSOE] no se alinee claramente con la mayoría de sus votantes, muchos de los cuales se ven afectados por la especulación con la vivienda".
La abstención del PSOE no es un caso aislado. El pasado 11 de septiembre, el Congreso aprobó, también con la abstención de los socialistas, una moción no vinculante que pedía permitir el desalojo de ocupantes sin contrato válido en un plazo de 24 a 48 horas, derogar la ley de vivienda de 2023 y rebajar el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4%.
Trayectoria de abstenciones socialistas
En los últimos meses, el PSOE ha facilitado con su abstención el fracaso de varias iniciativas relacionadas con la vivienda. El 21 de octubre de 2025, permitió que no prosperara una propuesta de IU (Sumar) para aumentar el gasto en vivienda pública al 2% del PIB. Antes, el 18 de febrero de 2025, su abstención en la Comisión de Vivienda impidió que llegara al Congreso una iniciativa de Podemos para ilegalizar las empresas de desokupación. Y el 21 de marzo de 2025, el PSOE votó junto a Junts y PP para que se admitiera a trámite una proposición de ley de los nacionalistas catalanes para extender los desahucios cautelares.
La diputada socialista Irene Jódar defendió durante el debate que su partido quiere "seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna para todos y todas las ciudadanas de este país, eso sí, acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente".
Mientras tanto, la empresa pública Casa47 ha recibido críticas por su falta de ambición y los altos precios de los menos de mil pisos ofrecidos. El esperado decreto de vivienda, que debería recuperar la prórroga de los alquileres y la moratoria de desahucios, sigue bloqueado en negociaciones entre los socios de izquierda y derecha del Gobierno.
La situación refleja un estancamiento en las políticas de vivienda, con el Ejecutivo sin concretar medidas urgentes mientras la crisis de acceso a la vivienda persiste.