La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, adquirió el pasado mes de abril un ático de lujo en el número 35 de la calle General Martínez Campos, en Chamberí, por 6,3 millones de euros. El inmueble, situado frente a la casa familiar de Isabel Díaz Ayuso, estaba destinado a ser utilizado por la presidenta madrileña como residencia y oficina, según revela una investigación periodística. La operación se cerró sin memoria justificativa y con un alquiler posterior a la Consejería de Hacienda que incluía 15 meses de carencia para que el primer pago no apareciera en las cuentas públicas hasta después de las elecciones de mayo de 2027.
Una operación diseñada al detalle
Los nombres clave de esta historia son Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, y Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de la sociedad. Ambos, descritos como leales y disciplinados, habrían recibido instrucciones verbales para estudiar la compra del ático. El 3 de febrero, Planifica firmó un acuerdo de confidencialidad con la propietaria, Astrid Gil-Casares, y el 27 de febrero formalizó un contrato de arras por 630.000 euros. La tasación, encargada a Gesvalt, se entregó el 13 de febrero, después de la firma del acuerdo de confidencialidad, lo que sugiere que el inmueble ya estaba elegido antes de conocerse su valor.
El ático, de 309 metros cuadrados más 104 de terraza, fue escriturado el 14 de abril por 6,3 millones, más 378.000 euros en impuestos. La compra no pasó por el Consejo de Administración de Planifica, que cuenta con nueve miembros, y se amparó en un poder notarial otorgado a Corbalán en julio de 2023 para comprar "sin limitación alguna". Los estatutos de la empresa exigen que los inmuebles adquiridos estén vinculados a la actividad administrativa de las consejerías, algo que no se cumple en este caso, ya que el ático tiene uso residencial y no puede albergar oficinas.
El alquiler y la trama para ocultarlo
Tras la compra, Planifica alquiló el ático a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por 3.000 euros al mes, un precio muy inferior al de mercado. El contrato, firmado en julio, establece que los primeros 15 meses son gratuitos, de modo que el primer pago se registraría en noviembre de 2027, después de las elecciones autonómicas. Además, el alquiler total a 10 años asciende a 315.000 euros, por debajo del umbral de 500.000 euros que obligaría a su aprobación por el Consejo de Gobierno, evitando así el control parlamentario.
La Consejería de Hacienda puso reparos al considerar que la vivienda tiene carácter residencial, pero finalmente aceptó el alquiler. La Intervención Delegada fiscalizó favorablemente aunque señaló la falta de datos homogéneos sobre la superficie y la ausencia de estudios de necesidad o idoneidad. El director técnico de Planifica, Carlos Marciel, certificó que el uso del inmueble es compatible con la normativa urbanística, sin más motivación.
El estallido del escándalo
La operación salió a la luz el 29 de julio, cuando el diario El País reveló la compra. Ayuso entró en pánico y en apenas día y medio decidió deshacerse del ático, incluyéndolo en un paquete con otras oficinas de Planifica en Gran Vía para venderlo y destinar los fondos a los afectados por los incendios. La presidenta aseguró que la decisión fue de su equipo: "Mi equipo lo vio, y a mí no me pareció mal". Sin embargo, fuentes internas señalan que la orden partió de su entorno y que el objetivo real era convertir el ático en residencia oficial tras las elecciones de 2027.
El Gobierno de Feijóo habría reprochado a Ayuso el desgaste que supone este tipo de escándalos, que movilizan a la izquierda y restan votos. La presidenta exigió buscar al topo que filtró la información, sospechando de un veterano directivo de Planifica que abandonó la empresa en junio. La compra del ático, sin memoria justificativa ni procedimiento reglado, ha dejado al descubierto un modus operandi basado en la discrecionalidad y la opacidad en el uso de fondos públicos.