El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado el recurso de apelación presentado por España, allanando el camino para que los fondos de inversión internacionales puedan embargar bienes y activos comerciales del Estado español en territorio estadounidense. La decisión, adoptada el pasado mes de junio, supone un revés en el largo conflicto por los recortes a las energías renovables y permite ejecutar embargos que ya suman 706 millones de euros.
Origen del conflicto
El problema se remonta a 2007, cuando España aprobó regulaciones para atraer inversión en energías limpias, garantizando por ley una rentabilidad fija y elevada a largo plazo. Sin embargo, la crisis de 2008 obligó al Gobierno a recortar esas ayudas, lo que llevó a los fondos inversores a demandar al Estado ante tribunales de arbitraje internacionales, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía. Los laudos fallaron a favor de los demandantes, pero España se negó a pagar alegando normativas de la Unión Europea.
Ante la negativa, los acreedores acudieron a los tribunales ordinarios de varios países, principalmente Estados Unidos, para convertir esas sentencias arbitrales en deudas ejecutables. La Abogacía del Estado recurrió ante el Supremo estadounidense argumentando soberanía nacional y la primacía del derecho comunitario, pero la Administración estadounidense recomendó rechazar esas alegaciones, criterio que finalmente prevaleció.
Cifras y consecuencias
La deuda acumulada por los impagos supera los 2.300 millones de euros, según cálculos de los acreedores, y el sobrecoste financiero para España por la prolongación del litigio se estima en más de 10.000 millones. En los tribunales estadounidenses ya existen sentencias firmes que reconocen cerca de 688 millones en créditos contra España, a los que se suman fallos desfavorables en Reino Unido, Australia o Singapur.
España acumula 25 laudos arbitrales impagados, con 1.750 millones pendientes, lo que le sitúa al frente del ranking mundial de morosidad en este tipo de conflictos, por delante de países como Venezuela o Rusia, según el Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones.
Durante el Mundial 2026, los fondos intentaron embargar los ingresos de la Selección Española y la Real Federación Española, pero un juez estadounidense denegó la confiscación al considerar que esos bienes no dependen directamente de las Administraciones.
Los acreedores han ofrecido al Gobierno español una tregua judicial y un calendario de pagos, pero el Ejecutivo ha rechazado cualquier acuerdo extrajudicial y mantiene su postura de litigar en los tribunales apoyándose en la normativa europea sobre ayudas de Estado. Tras el fallo definitivo del Supremo estadounidense, los equipos jurídicos de los fondos siguen buscando bienes y activos comerciales del Estado español en suelo norteamericano y británico para solicitar nuevas órdenes de embargo.