La investigación de la Audiencia Nacional sobre los sucesos de Ceuta ha puesto de manifiesto la existencia de dos estrategias simultáneas para sentar a Pedro Sánchez en el banquillo. Una de ellas, de carácter político y rápido; la otra, de naturaleza judicial y con un calendario imprevisible. Ambas confluyen en un mismo objetivo: la expulsión de la socialdemocracia del sistema, un fenómeno que trasciende las fronteras españolas.
Una ofensiva europea contra la socialdemocracia
El pasado 6 de septiembre, AfD obtenía un 44% en Sajonia-Anhalt, un resultado que, lejos de ser un punto de inflexión, confirma una tendencia previa. Días antes, el 2 de septiembre, una manifestación en Estrasburgo contra lo sucedido en Ceuta reunió a eurodiputados y asesores del PP, Vox, AfD, Fratelli d'Italia y, significativamente, del PPE. Este encuentro festivo ilustra el fin de la era iniciada en 1945, cuando derechas e izquierdas compartían un mismo sistema. Ahora, el objetivo es amputar cualquier cosmovisión socialdemócrata: economía, género, clima, igualdad.
AfD, como otras extremas derechas, es un partido confuso. Nació en 2013 como una formación neoliberal y euroescéptica, pero en 2015, tras la llegada de refugiados sirios, viró hacia un etnonacionalismo Völkisch. Su motor fue la explotación propagandística de una supuesta invasión, un filón que ahora se replica en Ceuta.
La justicia como poder autónomo
En España, el conflicto de Ceuta ha escalado hasta la Audiencia Nacional, que se ha dotado de mecanismos para juzgar secretos de Estado. El artículo califica la causa de política y absurda, y señala que la participación de la justicia en política es absoluta. El Tribunal Supremo, por ejemplo, mantiene paralizada la ley de nietos, lo que evidencia un afán político más que funcional. La justicia se ha convertido en el poder más importante del Estado, y no es el PP quien la domina, sino ella quien quiere dominar la política.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la condena del caso del bloqueo al Parlament en 2011, basada en una "violencia ambiental" sin pruebas. Esta condena, grave pero sin consecuencias prácticas, ilustra hacia dónde se inclina la politización judicial.
Dos velocidades para encausar a Sánchez
Existen dos intentos serios y activos de llevar a Sánchez a la cárcel. El primero, controlado por partidos políticos, es rápido pero depende de la votación en el Congreso de la aplicación del artículo 102 de la Constitución, que exige los votos de Junts. Esta opción implicaría el empure automático de Sánchez en el Tribunal Supremo, sin posibilidad de indulto. Junts, un partido antiizquierdista y antiinmigración, podría sumarse a esta causa, pero su naturaleza de olla de grillos hace impredecible su voto.
El segundo camino, controlado por el ámbito judicial, es más lento y de calendario imprevisible. Incluye causas como la de Begoña Gómez, ZP, Leire y la propia investigación sobre Ceuta. Todas conducen a Sánchez, pero sin un plazo definido. Lo importante no sería tanto la condena como que un tribunal anunciara su imputación, lo que forzaría elecciones con un presidente en funciones y debilitado.
Ambas modalidades comparten un mismo fin: acabar con Sánchez y con cualquier atisbo de socialdemocracia. Una escribe fino pero es lenta; la otra escribe vulgar pero es rapidita. La elección entre ambas marcará el ritmo de la ofensiva contra el Gobierno.