La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer acusada de falsear un acta vecinal para vender un piso sin ascensor por unos 200.000 euros. La detenida, que se presentó como presidenta y administradora de la comunidad de propietarios, habría manipulado el libro de actas para simular la aprobación de la instalación de un ascensor.
La investigación se inició tras la denuncia de la compradora, que había encontrado la vivienda en un portal inmobiliario. La mujer, interesada en un cuarto piso, puso como condición para comprar que estuviera prevista la instalación de un elevador.
La vendedora aseguró que la junta de vecinos ya había aprobado por unanimidad la instalación del ascensor. Además, indicó que las obras costarían unos 60.000 euros y que existían subvenciones públicas para afrontarlas.
Antes de firmar la compraventa, la vendedora mostró a la compradora el libro de actas de la comunidad, donde figuraba el supuesto acuerdo. La compradora formalizó la adquisición y asumió la presidencia de la comunidad, convocando una reunión para iniciar los trámites.
En esa reunión, los vecinos le comunicaron que la instalación del ascensor nunca había sido aprobada ni sometida a votación. Al revisar la documentación, comprobaron que el punto del acta relativo al ascensor había sido añadido posteriormente, presuntamente por la vendedora, sin conocimiento del resto.
La perjudicada denunció los hechos, y los investigadores identificaron y detuvieron a la anterior propietaria como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental. La arrestada fue puesta a disposición judicial.
Recomendaciones policiales
Ante este caso, la Policía Nacional recomienda comprobar con el administrador de fincas las posibles derramas, deudas y acuerdos de la comunidad antes de comprar una vivienda. También aconseja hablar con otros vecinos antes de firmar un contrato de arras o compraventa.
Otra recomendación es solicitar una nota simple actualizada en el Registro de la Propiedad para verificar la titularidad y posibles cargas. Además, advierte de que se debe desconfiar de prisas o presiones para cerrar una operación, especialmente si se alega que hay otros compradores interesados.
La detenida enfrenta cargos por estafa y falsedad documental, y el caso queda en manos de la autoridad judicial.