Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro, ha abandonado este miércoles su casa en camilla tras ejecutarse el desahucio. El fondo buitre Urbagestión, propietario del inmueble desde 2018, le reclamaba un alquiler de 1.650 euros mensuales frente a los 500 que venía pagando. La operación se ha llevado a cabo pese a la resistencia de cientos de personas que acamparon desde primera hora frente al portal.
Una resistencia que no pudo frenar el desalojo
El lanzamiento estaba previsto para las 7:30 de la mañana en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Desde las 06:00, una multitud se concentró a las puertas del edificio para intentar impedirlo. La Policía desalojó uno a uno a los manifestantes que permanecían sentados en el interior. La vivienda se encuentra en una sexta planta y el ascensor estaba averiado, por lo que Maricarmen, que tiene una prótesis de cadera, tuvo que ser evacuada en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón.
La abogada y exdiputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, relató que la negociación se prolongó durante más de una hora. "Hemos pedido un aplazamiento de un mes por razones humanitarias pero se han negado a todo", explicó. Jacinto también denunció que se estaba produciendo "muchísima violencia" por parte de las fuerzas de seguridad.
Negativa a cualquier solución
La empresa Urbagestión rechazó todas las alternativas planteadas. Según Beatriz Duro, abogada de la afectada, el fondo no aceptó que una escritora que se había ofrecido a pagar la mensualidad se hiciera cargo del alquiler. Tampoco accedió a conceder a Maricarmen ni una hora para recoger sus pertenencias: le propusieron que notificara una dirección a la que enviar sus muebles, pero la anciana no sabe dónde pasará la noche.
La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, criticó duramente la actitud de la empresa. "Hemos intentado comprar la vivienda, darle un alquiler justo, hemos apelado a la ONU para tener una paralización del desahucio y le hemos dado hasta pasta a la comunidad para que pueda asumir los gastos de paralizar este desahucio", detalló. Iglesias calificó a Maricarmen como "víctima de una empresa depredadora".
- Maricarmen residía en la vivienda desde hacía 70 años.
- El contrato original, firmado por su padre en 1956, era de renta antigua.
- Urbagestión adquirió el edificio en 2018 y pretendía subir el alquiler un 275%.
- La mujer tiene una discapacidad del 50% y una prótesis de cadera.
El caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. La anciana logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia, pero el Tribunal Supremo falló finalmente a favor del inversor. Se enfrentaba a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad pasó a manos de Urbagestión.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, advirtió de que la salud de Maricarmen es muy delicada y que no cuenta con una alternativa habitacional. Los expertos que la han acompañado durante este proceso consideran que su estado físico se verá seriamente comprometido. Al cierre de esta información, la anciana permanecía hospitalizada y su futuro inmediato seguía siendo incierto.