A las doce del mediodía, los antidisturbios llamaban a la puerta. Minutos después, Maricarmen, de 87 años, salía en camilla de la vivienda en la que ha vivido los últimos 70 años, en el barrio madrileño de Retiro. Una orden judicial y la inacción de las administraciones han consumado un desahucio que se venía gestando desde hace siete años, cuando un fondo buitre compró el inmueble.
Desde la madrugada, decenas de personas se habían concentrado frente al portal. Activistas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se convirtieron en una barrera humana para intentar evitar lo que consideraban una injusticia. La propia Maricarmen, visiblemente cansada, reconocía sentirse "cansada, muy cansada y esperando".
Una lucha de siete años
La mañana del miércoles, Maricarmen se despertó tras haber descansado "un poco". La tarde anterior, cientos de personas ya se agolpaban en la zona. Durante todo este tiempo, ha contado con el respaldo del Sindicato de Inquilinas, a quien agradece su apoyo incondicional: "Siento una gran alegría y un gran respeto por toda esa gente que está luchando por mí en la calle porque es mi familia".
Sin embargo, las administraciones no han estado a la altura, según su testimonio. La Comunidad de Madrid le ofreció "una habitación en el Ritz" horas antes del desahucio, pero ninguna solución real. Maricarmen lamenta que "ni el Gobierno, ni la Comunidad, ni Almeida, ni Ayuso" hayan respondido a sus cartas, incluida una enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tampoco se ha atendido el documento de la ONU que pedía paralizar el desalojo.
Pese a la derrota, Maricarmen ha pedido a quienes han luchado a su lado que "sean valientes y sigan luchando". "Aunque yo no gane, sí gano si continúa su lucha para tratar de solucionar esta desagradable situación que tenemos en España", ha afirmado. Para ella, "esta gente que está en la calle está luchando por algo digno, porque la gente pueda vivir en su casa y que nadie venga echarlos, ni con niños pequeños y con gente mayor".
El momento del desalojo
A las 12:00, los agentes llamaron a la puerta: "Hola, venimos a cumplir un mandamiento judicial, ¿vale? Tenemos que hacer nuestro trabajo". Por petición de su primo Vicente, Maricarmen abandonó la vivienda acompañada de sanitarios del SAMUR y no por los antidisturbios, ya que, según su familia, "no es una delincuente". En una camilla, frente a la mirada atónita de cientos de personas, dejaba atrás el edificio donde ha vivido 70 de sus 87 años.
Vicente ha relatado que el proceso "ha sido duro también desde el punto de vista físico", con un "deterioro importante" para ella. Además, ha denunciado la falta de alternativa habitacional: "La única familia que tiene cercana somos nosotros, y vivimos en un apartamento de 58 metros cuadrados fuera de Madrid". Su sobrina Vanessa expresaba momentos antes del desalojo su "rabia, frustración, pena y tristeza" ante una sensación de "falta de justicia". "No es solamente mi tía la que está sufriendo, esto, desgraciadamente, le está pasando a muchísima gente", añadía.
El desahucio de Maricarmen se suma así a la lista de desalojos protagonizados por fondos de inversión en España, un fenómeno que ha generado un creciente debate social y político sobre el derecho a la vivienda y la actuación de las administraciones públicas.