El ultraderechista Daniel Esteve, conocido como Dani Desokupa, compareció este jueves ante la jueza del Juzgado de Instrucción Nº10 de Valencia como investigado por un posible delito de injurias y calumnias contra la fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert. Durante su declaración, respondió a las preguntas de la magistrada, del fiscal y de su abogado, pero se negó a contestar a las formuladas por la acusación popular que ejerce Acción Contra el Odio (ACO).
La comparecencia se realizó por videoconferencia desde una sala del Juzgado decano de Pozuelo de Alarcón, localidad madrileña donde reside Esteve. En su intervención, el influencer sostuvo que no cometió delito alguno porque se limita a leer las noticias que le envían seguidores y otros medios, sin hacer interpretaciones ni valoraciones personales.
Un proceso con antecedentes
Esta declaración llega después de que el pasado 23 de junio se aplazara la citación a petición de la defensa de Esteve, que alegó falta de documentación. En aquella primera convocatoria, prevista de forma presencial en Valencia, el dueño de Desokupa también compareció por videoconferencia desde Madrid tras solicitarlo la noche anterior y sin comunicarlo a las partes.
El origen del procedimiento se remonta a marzo de 2025, cuando Esteve acusó sin pruebas a la fiscal Gisbert de prevaricación y de recibir dinero de ACO de forma ilícita para investigar una denuncia previa de la asociación contra él por delitos de odio. Estos hechos podrían constituir un delito de calumnias con publicidad, castigado con hasta dos años de prisión, y otro de injurias con publicidad, penado con multa de seis a catorce meses.
La causa arrancó en febrero de 2025, cuando ACO presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, entonces dirigida por Susana Gisbert, adjuntando documentación sobre amenazas e incitaciones a la violencia contra migrantes vertidas por Esteve en redes sociales. La denuncia fue admitida a trámite en marzo de ese año, lo que llevó a la apertura de diligencias de investigación. Tras conocerse esta decisión, Esteve difundió un vídeo en el que acusaba sin pruebas a la fiscal de prevaricación, lo que motivó una nueva denuncia de la Fiscalía por injurias y calumnias.
ACO, personada como acusación popular, ha denunciado la actitud del agitador ultra, que a su juicio trata de amedrentar a una funcionaria pública mediante bulos y calumnias. La asociación ha anunciado que continuará apoyando el proceso judicial.