La consellera de Interior, Núria Parlon, ha desmentido que los menores detenidos por el crimen de Manresa sean menores extranjeros no acompañados de origen magrebí, como se difundió inicialmente. Los detenidos, de 16 y 15 años, han nacido en Catalunya, según confirmó la consellera. El bulo, alimentado por Aliança Catalana y Vox, circuló durante un día antes de ser corregido.
El suceso ocurrió durante la fiesta mayor de Manresa, cuando un vecino de Castellnou del Bages, Carles Vilajosana, de 45 años, fue apuñalado mortalmente. La noticia del crimen se propagó rápidamente, y en las redes sociales se impuso un relato que atribuía el ataque a menores magrebíes. Sin embargo, la realidad era otra: los dos detenidos son nacidos en Manresa, uno de ellos hijo de padres marroquíes y el otro de padres españoles.
El bulo y su corrección
Durante el martes, el falso relato se instaló en las conversaciones y en las redes, generando una ola de indignación y odio. Aliança Catalana y Vox, con la aquiescencia de Junts, difundieron mensajes como “Son menas magrebíes” y “¡Hasta los cojones!”, avivando la tensión. No fue hasta el miércoles que la consellera Parlon salió a desmentir la información, afirmando tajantemente que los menores “han nacido en Catalunya”.
Para entonces, el bulo ya había hecho su trabajo: había encontrado culpables antes que hechos y había situado el origen por delante del crimen. La crónica publicada posteriormente en este diario aportó el contexto necesario: el menor que supuestamente apuñaló a Carles tiene 16 años, es hijo de padres marroquíes y malvive en la calle desde los 12, entrando y saliendo de centros. El otro detenido, de 15 años, hijo de padres españoles, acumula un historial delincuencial demasiado largo para su corta edad.
El debate sobre la información policial
El caso ha reabierto el debate sobre si la policía debe informar del origen de los delincuentes. En noviembre del año pasado, la Ertzaintza modificó su criterio y comenzó a informar sobre el origen de los detenidos, una medida defendida por el Gobierno vasco y el PNV en aras de la transparencia y para combatir los bulos. A la luz del caso de Manresa, esta decisión parece más justificada que nunca.
La pregunta que surge es si ofrecer toda la información desde el principio habría servido para desinflamar el odio que ya circulaba sin freno. El silencio institucional no elimina la curiosidad ni cambia los hechos: simplemente deja el relato en manos de otros con muchos más prejuicios y nulo interés por el contexto.
Los delitos no tienen nacionalidad, raza ni religión. Detrás de cada acusación racista hay, demasiadas veces, una cuestión socioeconómica: pobreza y exclusión. Y esta solo se ataca con una respuesta del Estado de bienestar que hoy está muy desatendido. Con los datos en la mano, todas las cartas están sobre la mesa y se pueden empezar a tomar las decisiones correctas para enderezar una situación. Una democracia madura debería hablar a sus ciudadanos como adultos que son y no esconderles información como si se tratara de niños a los que proteger de la realidad.