El cirujano Luis Alberto Martos, con tres décadas de servicio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha denunciado la alteración de listas de espera entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Según su testimonio, se modificó la prioridad de varios pacientes, pasando de preferente a normal, lo que podría haber retrasado intervenciones graves. La Comunidad de Madrid, lejos de investigar, ha abierto un expediente disciplinario contra él y lo ha acusado de manipular las listas para trabajar menos.
Una denuncia que destapa irregularidades
Martos detectó la anomalía mientras planificaba la programación mensual de quirófanos. Al percatarse de que un par de pacientes habían desaparecido como preferentes, lo comunicó a sus compañeros y comprobó que el cambio afectaba a 17 listas. Puso los hechos en conocimiento de su jefe de servicio y de la dirección médica, pero ante el silencio de ambos, recurrió al gerente del hospital, Carlos Mingo, quien, según su versión, le respondió con evasivas en dos ocasiones.
Desde entonces, el cirujano ha elevado denuncias al Defensor del Pueblo, al Canal Externo del Informante de la Comunidad de Madrid, a la Inspección de la Seguridad Social y a Recursos Humanos, sin obtener respuesta alguna. "Me encuentro completamente desorientado, desvalido y abandonado", afirma Martos, quien asegura sentirse objeto de una persecución que se ha extendido a su familia.
Acusaciones cruzadas y expediente disciplinario
La Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado la credibilidad de Martos. Ayuso se refirió al asunto como el "bulo del culo", mientras que Matute sugirió que el cirujano manipuló las listas para reducir su carga laboral. Martos rechaza estas acusaciones: "La consejera demuestra una gran ignorancia. Creo que cometió un delito de injurias; lo van a analizar mis abogados".
Sobre Ayuso, el cirujano lamenta que se centre en atacarle a él en lugar de abordar el problema de fondo: "Es patético contemplar cómo me ataca a mí en vez de centrarse en el problema que hay". Además, desmiente que su intención fuera trabajar menos: "Solo tenía que operar a dos enfermos de los 57 afectados. Trabajo lo mismo operando pacientes preferentes que normales porque el número de quirófanos es el mismo".
El conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando Martos denunció los hechos. Poco después, su jefe de servicio y el director médico iniciaron un expediente contra él por acoso y conflicto interno. Este proceso derivó en una instrucción, alegaciones y recursos de alzada ante la viceconsejera. Paralelamente, Martos ha enfrentado dos acusaciones penales por parte de su jefe: una por daños a un vehículo y otra por intentar sacarle dinero. En ambos casos fue absuelto, según sentencias que él mismo aporta.
El futuro incierto y la sensación de persecución
Martos no confía en la investigación anunciada por la Comunidad de Madrid. "En el expediente que tengo actualmente abierto participó un instructor inicialmente que era un pediatra casi jubilado y que no tenía ni idea de nada. La investigación creo que solo busca cómo poder incoarme un nuevo expediente e inhabilitarme. Es una caza de brujas dirigida", sostiene.
El cirujano también critica la pasividad del Ministerio de Sanidad y de las asociaciones de pacientes: "Me sorprende que el Ministerio de Sanidad no tome medidas, las asociaciones de pacientes no denuncien... A mí no me corresponde ya ir a lo judicial por las maniobras de manipulación de las listas de espera". A pesar del apoyo que recibe de algunos pacientes, se muestra pesimista sobre el desenlace: "Como todas las noticias que son muy impactantes, irán enfriándose, ellos dilatarán la investigación y veremos cuál es el cadáver que quedará aquí, que será el mío".
La polémica continúa abierta, con el cirujano enfrentando un expediente disciplinario y la Comunidad de Madrid sin esclarecer las irregularidades denunciadas.