La federación de servicios de CCOO ha registrado un nuevo convenio colectivo estatal para el comercio textil que reduce los salarios a poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elimina los pluses de antigüedad, alarga los periodos de prueba y recorta derechos de conciliación. El acuerdo, que afecta a unas 200.000 personas empleadas en empresas como Primark, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties, Mango y H&M, ha sido denunciado por el blog Laboro, especializado en negociación colectiva.
El texto, firmado con la patronal FETICO y publicado en el BOE, establece salarios que apenas superan el SMI de 2026, fijado en 17.094 euros anuales. Según Laboro, los mozos de tienda y personal de limpieza percibirán 18.000 euros anuales en 15 pagas, mientras que los dependientes y administrativos cobrarán 18.200 euros en su primer año y medio, y 19.200 euros a partir de entonces, sin plus de antigüedad. El blog califica el acuerdo como “un mal convenio” cuya “verdadera intención es bajar los sueldos de las plantillas en conjunto y cargarse los convenios provinciales, sobre todo los que pudieran ser mejores”.
Un marco laboral a la baja
El nuevo convenio permite un periodo de prueba de dos meses para dependientes y administrativos, lo que facilita el despido gratuito durante ese tiempo sin indemnización ni preaviso. Laboro señala que “esos dos meses no hacen falta para probarla, sino para poderla echar gratis y sin causa hasta que pasen”. Además, elimina los complementos por baja médica, incluso en casos de accidente laboral o enfermedad profesional, y no reconoce la jubilación parcial como un derecho, sino solo como una solicitud que la empresa puede denegar.
En materia de conciliación familiar, el convenio establece que la concreción horaria debe ajustarse a los turnos rotativos, lo que dificulta que los trabajadores puedan adaptar su jornada a las necesidades de cuidado de sus hijos. También limita la compensación por teletrabajo a 2 euros diarios, una cantidad que el blog califica de “irrisoria”.
El fraude de ley denunciado por Laboro reside en la invención de un nuevo “sector” para eludir la prioridad de los convenios provinciales. El ámbito funcional se ha construido artificialmente para incluir solo a las grandes cadenas —aquellas con más de 400 trabajadores, determinadas superficies comerciales o presencia en al menos tres comunidades autónomas—, de tal forma que el nuevo convenio estatal tenga prioridad sobre los acuerdos territoriales que pudieran ser más favorables. El propio texto incluye un compromiso explícito de las partes firmantes de “no promover ni firmar nuevos convenios provinciales o autonómicos que incluyan a estas empresas”.
Críticas y oposición sindical
La federación de servicios de CCOO ha sido el blanco de las críticas más duras. Laboro señala que el sindicato ha actuado de forma “servicial” con la patronal a cambio de liberados sindicales, cuyos salarios y cotizaciones pagarán las empresas, lo que supone un conflicto de intereses. El acuerdo ha levantado críticas incluso por parte de UGT, que se ha opuesto al convenio y ha convocado movilizaciones y una huelga estatal, donde se espera que impugne judicialmente el texto.
Los 200.000 trabajadores afectados ven ahora cómo sus condiciones laborales, conquistadas durante años en convenios provinciales, quedan reducidas a un convenio que los firmantes han calificado de “histórico” pero que, en la práctica, condena a la mayoría de la plantilla a salarios de subsistencia y a la pérdida de derechos fundamentales de conciliación y estabilidad, mientras las grandes empresas del sector se embolsan los ahorros.
La dinámica de la negociación colectiva en el Estado español muestra un patrón recurrente: los sindicatos mayoritarios firman acuerdos que contradicen sus propias denuncias públicas. A principios de 2026, Laboro denunció que el real decreto del SMI mantenía intacta la redacción del artículo 3 que permite a las empresas no pagar los complementos del convenio siempre que la suma del salario base y dichos complementos supere la cuantía anual del SMI. Mientras tanto, CCOO y UGT han firmado convenios que eliminan los complementos o introducen cláusulas que blindan la estructura salarial actual.
La connivencia sindical con la empresa no se limita a la negociación de convenios. En marzo de 2025, varios empleados y extrabajadores de Mercadona denunciaron públicamente la falta de actuación de CCOO y UGT ante situaciones de acoso laboral y represalias. Un exdelegado sindical llegó a asegurar que “los sindicatos están comprados” y que los delegados de CCOO y UGT en Mercadona “son seleccionados por la empresa”.
Las rebajas en las condiciones laborales se producen mientras los sindicatos mayoritarios reciben cuantiosas subvenciones públicas. Según un análisis de Laboro, UGT percibió 313 subvenciones en 2025 por un total de 53,4 millones de euros, una cifra que contrasta con los 6,1 millones declarados oficialmente. El sindicato que recibe millones de euros de los contribuyentes para defender a los trabajadores es el mismo que firma con la patronal convenios que precarizan sus condiciones laborales.