Canadá ha decidido mantener su veto a la compra de vivienda residencial por parte de inversores extranjeros. La medida, aprobada en 2022 bajo el nombre de Ley de Prohibición de la Compra de Propiedades Residenciales por No Canadienses, se ha prorrogado hasta el 1 de enero de 2027. El objetivo es claro: garantizar que los inmuebles estén disponibles para los ciudadanos canadienses y frenar la escalada de precios.
La norma, impulsada por el gobierno de Justin Trudeau, impide que personas que no sean canadienses adquieran propiedades residenciales en el país. Además, quienes asesoren, ayuden o instiguen este tipo de operaciones se enfrentan a una multa de hasta 10.000 dólares canadienses (unos 6.885 euros), y las autoridades pueden ordenar la venta forzosa del inmueble.
Resultados de la medida
Los datos parecen respaldar la eficacia de la prohibición. Desde el pico alcanzado en marzo de 2022, cuando el precio medio de la vivienda en Canadá era de 841.800 dólares, los precios han caído de forma sostenida. En noviembre de 2025, el precio se situaba en torno a los 664.900 dólares, lo que representa un descenso del 21%.
La prórroga de la ley busca consolidar esta tendencia y evitar que la demanda extranjera vuelva a presionar al alza el mercado residencial. Las autoridades canadienses consideran que la vivienda debe ser un derecho y no un activo financiero para inversores foráneos.
"Las casas son para que vivan los canadienses y los extranjeros no deben utilizarlas como una clase de activo financiero", ha declarado Chrystia Freeland, primera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, al anunciar la extensión de la medida.
Con esta decisión, Canadá mantiene una de las políticas más restrictivas del mundo en materia de inversión inmobiliaria extranjera, a la espera de comprobar si la tendencia a la baja de los precios se consolida en los próximos años.