La Cámara de Cuentas de Andalucía ha encendido todas las alarmas sobre el control del dinero público en la comunidad. Un informe de auditoría difundido este viernes revela que la eliminación de la fiscalización previa, el filtro que verificaba los pagos antes de autorizarlos, ha dejado sin supervisión adecuada un volumen mínimo de 37.921 millones de euros entre 2020 y 2024. El resultado es contundente: más del 93% de las fiscalizaciones posteriores terminaron con salvedades o directamente desfavorables.
El cambio de modelo, impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, sustituyó el control suspensivo tradicional por auditorías a posteriori. Según el órgano fiscalizador, esta medida priva a la Administración autonómica de una herramienta clave para prevenir irregularidades antes de que el dinero salga de las arcas públicas. La consecuencia más visible ha sido la proliferación de malas prácticas administrativas.
Contratación fraccionada y memorias tardías
El informe pone el foco en la contratación menor dentro del bloque de Órganos y Servicios. La Cámara de Cuentas alerta de que el 100% de los informes analizados detectó un uso sistemático e incorrecto de contratos menores mediante el fraccionamiento de prestaciones. Se dividieron de forma recurrente contratos con un mismo objeto y hacia los mismos proveedores para eludir las exigencias de licitación pública y sobrepasar los límites legales.
Además, en la mitad de los expedientes auditados se emitieron las memorias de necesidad del contrato de forma posterior a la propia prestación del servicio o a la recepción de la factura. Del total de 188 Informes de Control Financiero definitivos emitidos entre 2021 y 2024, el 71,28% (134 informes) concluyó con una opinión modificada con salvedades; el 22,34% (42 informes) derivó en una opinión desfavorable; y solo el 6,38% (12 informes) obtuvo un pronunciamiento favorable o sin objeciones.
A la elevada tasa de reparos se suma el dilatado margen de reacción. La Cámara de Cuentas subraya que el tiempo medio para elaborar y publicar estos informes posteriores asciende a 9,64 meses, lo que supone que las anomalías tardan casi un año en salir a la luz, imposibilitando la corrección en tiempo real.
El SAS acapara el gasto bajo control posterior
En cuanto al reparto de los casi 38.000 millones abonados sin fiscalización previa, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aglutina la aplastante mayoría del gasto. En concreto, absorbe 30.276 millones de euros, lo que supone el 99,63% de los fondos asignados a órganos de gestión y representa casi la mitad del presupuesto global del propio servicio sanitario durante dicho quinquenio.
El resto del montante fiscalizado a posteriori se reparte entre otros gastos operativos (4.881 millones), que incluyen pagos de personal docente, funcionamiento de centros educativos, nóminas sanitarias, fondos agrarios europeos y contratos de emergencia del SAS derivados de la pandemia; y subvenciones y ayudas públicas (2.652 millones), con 47 órdenes de bases en ocho consejerías, encabezadas por Empleo (44,3%) e Igualdad (29,4%).
Respecto a los motivos alegados por la Junta para sustituir la fiscalización previa, principalmente la agilización de trámites (35,4%) y la carga de trabajo acumulada desde la crisis del COVID-19, el órgano fiscalizador recrimina que la Administración apeló a justificaciones genéricas sin aportar indicadores técnicos que demostrasen que la eliminación del filtro previo era la vía más eficiente. También reprocha deficiencias e incongruencias en los sistemas informáticos de la Junta y en la base de datos de la Intervención, con errores de registro y falta de integración.
Reacciones políticas
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha advertido de que “es muy grave que la Cámara de Cuentas haya detectado fallos en el 93% de las auditorías al gasto realizado por el Gobierno de Moreno Bonilla”. En su perfil de la red social X, ha denunciado que “quitaron los controles y ahora la Intervención General de la Junta señala hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular”.
Montero ha incidido en que “es especialmente preocupante, aunque no sorprendente, que estas irregularidades se concentren en la sanidad pública” y ha exigido a Moreno Bonilla “explicaciones inmediatas” porque su Gobierno “ha gastado de manera irregular los recursos que deberían haber ido a financiar la sanidad pública, la educación o la dependencia en Andalucía”.
El informe de la Cámara de Cuentas deja sobre la mesa un escenario de control debilitado sobre casi 38.000 millones de euros y unas tasas de reparo que superan el 93% en las auditorías posteriores. La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno andaluz, que deberá responder a las conclusiones del órgano fiscalizador y a las exigencias de explicaciones de la oposición.