El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha decidido llevar a los tribunales su pulso con el juez Juan Carlos Peinado. El titular de Justicia ha recurrido la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja que presentó contra el magistrado por el interrogatorio al que le sometió como testigo en el Palacio de la Moncloa.
En el escrito de recurso, Bolaños sostiene que la actuación del instructor ha causado un perjuicio irreparable a la imagen de la Justicia y carga contra el órgano de gobierno de los jueces por su falta de reacción. A su juicio, el CGPJ ha sido incapaz de corregir las irregularidades denunciadas, ya sea por conservadurismo o por corporativismo, dejando sin reparar el prestigio del Poder Judicial.
El ministro también reprocha la dilación del procedimiento: el Consejo ha tardado 427 días en resolver la queja. Bolaños reconoce que no alberga esperanza alguna de que este recurso prospere ante el propio CGPJ, por lo que deposita toda su confianza en el Tribunal Supremo, al que atribuye la tarea de defender el buen nombre de la Justicia que, según él, correspondía al Consejo.
La disputa sobre la naturaleza de los hechos
El origen del conflicto se remonta al interrogatorio que Peinado practicó a Bolaños en Moncloa. El promotor de la acción disciplinaria primero y el Tribunal de Justicia de Madrid después decidieron no sancionar al juez al considerar que los hechos denunciados constituían una cuestión jurisdiccional que debía resolverse por la vía de los recursos ordinarios.
Bolaños discrepa de ese criterio y defiende que no toda actuación de un juez en el ejercicio de su cargo queda automáticamente sustraída a la potestad disciplinaria. En su opinión, los hechos denunciados presentan una naturaleza que difícilmente puede calificarse como estrictamente jurisdiccional.
Entre las conductas que el recurso señala como irregulares figuran la exigencia de notificaciones personales, la elección unilateral del lugar de la diligencia y la solicitud de un vehículo ministerial con escolta policial. Durante el interrogatorio, según el escrito, Peinado desplegó una actuación intimidatoria y hostil hacia el testigo, advirtiéndole de que podía cambiar su condición de testigo a imputado, algo para lo que no tiene competencia, o expulsándolo de la sala para que recabara un dato sobre el que le habían preguntado, cuando un testigo solo debe responder de los hechos que conoce.
El recurso, adelantado por El País y al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que la decisión del órgano disciplinario difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general que la ciudadanía espera de quien debe ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados.
Con este paso, Bolaños abre formalmente la vía judicial contra Peinado, el mismo magistrado que ha enviado al banquillo a Begoña Gómez, y traslada al Supremo la responsabilidad de corregir lo que considera un fallo del sistema de control disciplinario de la carrera judicial.