Una investigación del consorcio europeo Investigate Europe y Reporters United, publicada en exclusiva por Público, revela que veinte universidades españolas mantienen proyectos de investigación con entidades israelíes vinculadas a la defensa, a pesar de haber anunciado públicamente su boicot académico. Estas instituciones recibirán 6,6 millones de euros por participar en 28 programas del megaproyecto europeo Horizonte Europa.
Colaboraciones contradictorias
Entre los campus implicados figuran la Universidad Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Madrid, Murcia, Sevilla y Granada. Muchos de estos proyectos incluyen tecnología de doble uso, es decir, aplicable tanto a fines civiles como militares. Empresas israelíes como Mellanox, Weebit Nano o el Instituto Technion aparecen como socios en consorcios con universidades que condenaron los ataques en Gaza.
La Universidad de Granada, que pelea en los tribunales para defender su suspensión de relaciones con entidades israelíes, se incorporó en mayo de 2025 al proyecto Proactif, que desarrolla vehículos no tripulados con la empresa Mellanox. La institución alega que Mellanox ahora pertenece a la estadounidense Nvidia, aunque en la base de datos europea sigue figurando como israelí.
Un dilema ético y económico
Las universidades justifican su continuidad por las dificultades de abandonar consorcios sin sufrir graves consecuencias financieras y legales. "Al final, Israel tiene el dinero, el proyecto sigue adelante y somos nosotros quienes, al salirnos, perdemos", lamenta María José Lera, profesora de la Universidad de Sevilla y miembro de la Red Universitaria por Palestina.
Sin embargo, algunas instituciones como la Universidad de La Rioja han dado el paso de retirarse. Perdieron 188.000 euros y la posibilidad de contratar a dos investigadores, pero evitaron el "daño a la imagen" que suponía colaborar con el Technion. En toda Europa, 34 universidades de España, Países Bajos, Italia y Bélgica están implicadas en 38 nuevos proyectos con entidades israelíes de defensa, por unos 15 millones de euros.
La Comisión Europea admite que "no se puede descartar" que los resultados de estos proyectos puedan convertirse en tecnologías de doble uso. Mientras tanto, el Tribunal Supremo español deberá decidir si las universidades pueden invocar el derecho internacional para romper lazos con Israel, un fallo que sentará precedente para todo el continente.