El Ayuntamiento de Benasque continúa adelante con el proyecto de la telecabina a pesar de que un juez anuló su aprobación por construirse en zona inundable. El consistorio ha recurrido la decisión y sigue invirtiendo fondos públicos, mientras el Gobierno de Aragón ha concedido una subvención para cubrir su déficit inicial. La polémica se enmarca en un plan urbanístico que prevé 1.162 viviendas en el entorno.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca anuló el proyecto porque la terminal de salida se ubica en el flujo preferente del río Ésera y porque no se realizó el obligado informe de viabilidad económica. A pesar de ello, el Ayuntamiento impugnó la sentencia y ha seguido solicitando e invirtiendo dinero público. El propio consistorio ha colocado carteles que advierten de la zona inundable, lo que contradice su defensa del proyecto.
El estudio de viabilidad económica, finalmente elaborado, concluye que la telecabina es inviable. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, con el apoyo de PP y VOX, ha aprobado una subvención de más de 5.000 euros por cada día de funcionamiento para cubrir las pérdidas iniciales. El Ayuntamiento había solicitado 2,4 millones de euros a la DGA para evitar la quiebra antes de su puesta en marcha.
Un plan urbanístico de 1.162 viviendas
El proyecto no se limita a la infraestructura: incluye un plan urbanístico que prevé 1.162 viviendas en su entorno. Los promotores privados ya han superado parte de la tramitación para urbanizar 33,5 hectáreas. Los críticos señalan que se trata de especulación inmobiliaria, ya que el dinero público financia una infraestructura que encarecerá la venta de segundas residencias en pleno Pirineo.
Mientras tanto, los Bomberos forestales de Aragón han convocado una huelga indefinida por falta de medios. La situación contrasta con el destino de los fondos públicos hacia la telecabina, que ya ha consumido 17 millones de euros. El consistorio defiende que el proyecto es necesario, pero la justicia ha señalado su ilegalidad con motivos fundados.
Una posible solución planteada es trasladar la instalación a la estación de esquí de Cerler y restaurar el medio ambiente dañado. Esta opción podría ser gestionada por ARAMON y evitaría al municipio un déficit de al menos un millón de euros al año. La decisión final dependerá del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que debe resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento.