Ayuso y el ático de lujo: el Plan General de Madrid no permite oficinas en esa planta

Ayuso y el ático de lujo: el Plan General de Madrid no permite oficinas en esa planta

La compra de un ático de lujo en Chamberí para albergar el despacho provisional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se topa con un nuevo problema legal. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no permite el uso de oficinas en ese inmueble, según una revisión de la normativa realizada por este medio. El edificio, situado en el paseo del General Martínez Campos, mantiene su clasificación como residencial y el uso dotacional de la Administración solo está autorizado hasta la primera planta.

La consulta al visor urbanístico del geoportal del Ayuntamiento de Madrid revela que el inmueble está clasificado como Norma Zonal 1, Grado 3, Nivel de Usos B. Con esa referencia, se ha consultado el Compendio de las Normas Urbanísticas del Plan General, que regula los usos permitidos para cada tipo de edificación. La normativa establece que el uso dotacional de la Administración pública solo puede implantarse hasta la primera planta en inmuebles con esa clasificación.

El texto no contempla la posibilidad de destinar a ese uso las plantas superiores ni recoge excepciones. Por tanto, el inmueble conservaría su condición de vivienda desde el punto de vista urbanístico. La única alternativa que encajaría sería que el ático siguiera utilizándose como residencia y que una parte se destinara a despacho personal, pero no como oficina institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha corroborado esta interpretación. "En el nivel B de la mencionada norma zonal solo se permite implantar el uso dotacional hasta la planta primera. En ningún caso por encima de ella", subrayó Giraldo en redes sociales.

La polémica se desencadenó tras revelarse que la empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble para uso temporal de la Presidencia durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Desde entonces, el Gobierno regional ha defendido la adquisición, mientras la oposición ha reclamado explicaciones sobre el coste y la necesidad de la operación, así como el destino del ático una vez concluyan las obras.

Este nuevo frente legal se suma a la controversia política, y ahora el foco se centra en si la Comunidad de Madrid podrá justificar urbanísticamente el uso del ático como despacho oficial.