La compra de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros ha dejado de ser un simple expediente patrimonial para convertirse en una crisis interna que sacude al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña y su círculo más cercano sospechan que la filtración que desveló la operación partió de su propia Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, según las informaciones que apuntan a un malestar creciente en el seno del PP madrileño.
Del sigilo al fuego amigo
La operación se gestó en un círculo reducido: la propia Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García Martín y la titular de Economía, Rocío Albert López-Ibor. La filtración a finales de julio desbarató la estrategia de comunicación y expuso la compra antes de que el Ejecutivo pudiera articular un relato público coherente. Desde entonces, las miradas apuntan con insistencia al departamento de Economía como origen de la brecha informativa.
La hipótesis del fuego amigo se ha consolidado en la Real Casa de Correos. Existe la convicción de que la derivación judicial del escándalo podría erosionar de forma irreversible la mayoría absoluta de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Paralelamente, cobra fuerza la teoría de que el flujo informativo pudo alcanzar la sede nacional del partido en la calle Génova, donde la custodia de los datos habría sido negligente.
Un expediente bajo sospecha
Para materializar la transacción sin someterse a la fiscalización previa, el Gobierno autonómico utilizó como vehículo a Planifica Madrid, una sociedad mercantil de entidad pública. Este atajo societario permitió soslayar el trámite administrativo ordinario y evitar el examen directo de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
El expediente de 224 páginas entregado a la Asamblea, lejos de disipar las incógnitas, ha profundizado la opacidad. La entrega en un archivo PDF consolidado sin división de metadatos impide auditar la cronología real de los folios. Además, se revela que la Comunidad de Madrid arrendó el inmueble a Planifica Madrid con una carencia de pago durante los primeros quince meses, lo que aplazó el reflejo del gasto en la contabilidad pública hasta finales de año, contraviniendo la exigencia legal de aprobación por el Consejo de Gobierno para compromisos que superen los 500.000 euros.
Subasta desierta y pérdida de iniciativa
La estrategia del Gabinete pasó por el rápido desprendimiento del activo mediante una subasta urgente. Sin embargo, cumplidos cincuenta días desde la apertura del procedimiento, la licitación ha quedado desierta. Ni los fondos internacionales ni las patrimoniales privadas han acudido al reclamo, dejando al Gobierno regional sin la vía de escape planeada.
La comparecencia pública de la presidenta a la salida de un acto institucional evidenció el impacto del desgaste político. Distante de la contundencia retórica que acostumbra, Díaz Ayuso ofreció explicaciones inconexas que generaron una honda inquietud en las filas de la formación conservadora. Cargos intermedios y parlamentarios reconocen abiertamente la pérdida de iniciativa, mientras la defensa basada en la confrontación directa empieza a mostrar signos de fatiga ante la acumulación de evidencias documentales.
El fracaso en la venta de la vivienda de Chamberí no solo perpetúa un gasto millonario carente de justificación administrativa clara, sino que mantiene abierto un foco de inestabilidad política en el seno del Ejecutivo madrileño, mientras el temor a las consecuencias judiciales atenaza al partido en la región.