La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar la vivienda en la que vivía desde que era una niña. La dirigente madrileña ha enmarcado el suceso en la estadística general de ejecuciones hipotecarias y ha descargado la responsabilidad sobre el Gobierno central.
Durante un acto organizado por el Círculo de Empresarios, Ayuso se ha referido al caso como "un desahucio de los 25.500 que se producen cada año en España". En su intervención, no ha expresado ninguna palabra de apoyo o solidaridad hacia Maricarmen, según ha podido constatar este medio.
Responsabilidad en el Gobierno central
La presidenta madrileña ha sostenido que el desalojo se llevó a cabo "a manos de la Policía Nacional, que la gestiona Sánchez, por orden judicial y en cumplimiento de unas leyes que este gobierno ha tenido ocho años para modificar si no estaban de acuerdo". Con este argumento, ha trasladado toda la responsabilidad de lo ocurrido al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Asimismo, Ayuso ha calificado como "algaradas" las manifestaciones contra el desahucio que se han celebrado en los últimos dos días en la capital. Ha acusado al presidente del Gobierno de alentarlas y ha asegurado que este tipo de protestas buscan "deshumanizarnos y acosar", generando un "ambiente irrespirable de tensión".
El caso de Maricarmen, que ha vivido en la misma casa desde su infancia, se ha convertido en un símbolo de la problemática de los desahucios en España. La actuación policial y la orden judicial que la obligó a dejar su vivienda han generado una ola de reacciones políticas y sociales en los últimos días.
La postura de Ayuso contrasta con la de otros cargos públicos que sí han mostrado su solidaridad con la octogenaria. La secretaria de Estado de Vivienda se pronunció sobre el caso, señalando que se han intentado muchas cosas, pero que Maricarmen es víctima de una empresa depredadora.
El desalojo de Maricarmen se suma a las más de 25.000 ejecuciones hipotecarias que, según los datos citados por la propia Ayuso, se producen anualmente en el país. La presidenta madrileña ha convertido este caso en un nuevo episodio de confrontación política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.