El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso encargó a una inmobiliaria de lujo la búsqueda de un ático de entre 250 y 400 metros cuadrados con gran terraza, meses antes de desembolsar 6,3 millones de euros de dinero público para adquirir el controvertido inmueble de Chamberí. La operación, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha generado una fuerte polémica política.
Según ha adelantado el diario El País, las instrucciones eran milimétricas y poco tenían que ver con un típico espacio de trabajo. La búsqueda se centró desde el inicio en Chamberí y sus alrededores, el barrio donde creció y reside la propia presidenta madrileña. Un alto cargo de la empresa pública contactó a principios de año con Promora, una conocida inmobiliaria de lujo radicada en La Moraleja especializada en mansiones y pisos exclusivos.
La agencia puso sobre la mesa al menos dos opciones. La primera era un piso de 350 metros y 200 de terraza en Pintor Rosales por cuatro millones de euros, que fue descartado sin que hayan trascendido las razones. La segunda, la opción más cara, era el ya célebre ático de 485 metros cuadrados y casi 200 de terraza en Martínez Campos, ubicado justo enfrente del domicilio de la madre de Ayuso.
La versión oficial choca con la normativa
El Gobierno regional conservador justificó la compra alegando que serviría como "oficinas temporales" mientras se reformaba la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Sin embargo, las piezas no terminan de encajar. El primer motivo es que el uso como oficina no estaba permitido: la normativa municipal, del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, prohíbe el uso exclusivo de oficinas en las plantas residenciales donde se ubica la vivienda.
El País expone que en ningún momento del encargo a la inmobiliaria se especificó que el inmueble debiera destinarse a despachos o dependencias públicas. Además, la Comunidad anunció la puesta en venta del ático por 6,69 millones para destinar los fondos a los incendios forestales del oeste de la región. No obstante, al pertenecer a una empresa pública con cuentas propias, el dinero no puede transferirse de forma directa a las arcas autonómicas sin complejas operaciones societarias previas.
La Consejería de Presidencia, que sigue sin aclarar quién dio la orden exacta para iniciar este rastreo inmobiliario, ha intentado cerrar la polémica con el expeditivo "chao, pescao" pronunciado por Ayuso el lunes. Mientras tanto, crecen las dudas sobre por qué una empresa pública como Planifica Madrid acabó ejerciendo de compradora de áticos de lujo.
El consejero se explica
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha registrado una comparecencia a petición propia para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, tras la compra del ático. Lo hará cuando la Mesa de la Asamblea lo decida y active la comparecencia.
"El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid", han trasladado a EFE desde la Consejería de Presidencia, que añaden que la Comunidad de Madrid es el "Gobierno que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional".
Sobre García Martín han puesto la responsabilidad de la adquisición tanto Ayuso como el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista con Europa Press el fin de semana, afirmó conocer desde el pasado abril que el Ejecutivo madrileño buscaba "un local", pero la presidenta Ayuso dijo no tener "ni idea" sobre los pormenores de la operación, acometida por la empresa pública Planifica Madrid, y se remitió a la Consejería de Presidencia, de la que depende dicha compañía y que "tiene la información".